La crisis en el sistema de salud previsional ha llevado al Colegio de Abogados de Córdoba a presentar un recurso de amparo colectivo ante la justicia. La medida busca detener los recortes en las prestaciones y asegurar la cadena de pagos, con especial énfasis en el área de discapacidad y beneficiarios del programa Incluir Salud.
Un frente común contra el ajuste en salud
La acción judicial fue encabezada por la abogada Marta Lastra y cuenta con el respaldo del Consejo de Médicos de Córdoba, junto a comisiones de mujeres profesionales de ambas instituciones. Aunque la demanda parte del caso de un individuo con discapacidad, la pretensión es que la sentencia tenga efectos colectivos, protegiendo a todos los beneficiarios de PAMI y pensiones no contributivas en la provincia.
Actualmente, el recurso se encuentra bajo análisis de la justicia cordobesa, a la espera de definiciones sobre medidas cautelares que eviten el cese total de la atención médica. La situación es crítica, ya que la Resolución 1107/2026 implementada por PAMI ha reducido los ingresos de los profesionales en un 50%.
El impacto de la Resolución 1107/2026
La crisis se agudizó tras la implementación de esta normativa, que aumentó nominalmente el pago por paciente, pero eliminó ítems extra y complementos. En la práctica, esto se traduce en una reducción real del 50% en los ingresos de los profesionales. Por ejemplo, el pago por cápita subió de $900 a $2.100, pero al quitar los incentivos, los médicos perciben la mitad que antes, lo que ha derivado en la suspensión de servicios.
A este panorama se suma una morosidad millonaria de PAMI con clínicas y sanatorios privados. Por su parte, el Colegio de Odontólogos de Córdoba denunció deudas de tres meses y aranceles que califican de «obsoletos», cobrando apenas $370 por paciente.
Discapacidad: el sector más afectado
En Córdoba existen aproximadamente 220.000 personas con certificado de discapacidad. Gran parte de este grupo depende de «Incluir Salud», un sistema que hoy se encuentra en estado de abandono. La situación es crítica para las instituciones de cuidado, como hogares de día, que asisten a grupos de entre 30 y 300 personas y hoy ven amenazada su continuidad.
El Defensor del Pueblo exigió la renuncia de las autoridades de PAMI Córdoba, mientras que la justicia deberá resolver a la brevedad esta emergencia humanitaria que trasciende lo financiero.
La lucha por la salud de los más vulnerables
La presentación del amparo colectivo es un llamado a la acción para que se tomen medidas urgentes para garantizar el acceso a la salud de los más vulnerables. La crisis en el sistema de salud previsional no solo afecta a los beneficiarios de PAMI y pensiones no contributivas, sino que también tiene un impacto en la economía local y en la sociedad en general.
Esperamos que la justicia cordobesa tome las medidas necesarias para proteger los derechos de los más vulnerables y garantizar el acceso a la salud de calidad que necesitan. La lucha por la salud de los más vulnerables es un desafío que requiere la colaboración de todos los sectores de la sociedad.
Explora más noticias en nuestra sección: Córdoba
-
-
-
-
