La decisión del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 generó un fuerte revuelo en el Gobierno
En un movimiento que no sorprende a nadie, el Gobierno nacional anunció que apelará el fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 que ordenó dejar de aplicar el protocolo antipiquetes en las manifestaciones. La medida, que ha sido objeto de controversia desde su implementación, busca garantizar el derecho a la protesta pero también ha sido criticada por su posible impacto en la libertad de expresión.
El protocolo antipiquetes, una herramienta legítima según el Gobierno
Según fuentes oficiales, el protocolo es una herramienta legítima que garantiza la paz social y el derecho a la protesta. El Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandra Monteoliva, emitió un comunicado en el que se destaca que el procedimiento es legítimo y tiene fundamentos técnicos, jurídicos y operativos.
La reacción del Gobierno y la oposición
La noticia generó reacciones encontradas en el ámbito político. Mientras que el presidente Javier Milei y la ministra Monteoliva defendieron la medida, la oposición la criticó argumentando que limita la libertad de expresión. La diputada Patricia Bullrich, antecesora de Monteoliva, aseguró que la metodología del protocolo fue validada por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos.
El fallo del juez Martín Cormick
El juez Martín Cormick, quien ordenó dejar de aplicar el protocolo, consideró que el procedimiento tiene vicios en su conformación legal y que el Poder Ejecutivo se atribuyó facultades que la Constitución reserva de manera exclusiva para el Legislativo. El fallo generó un debate sobre la constitucionalidad del protocolo y su impacto en la sociedad.
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