La decisión del Ejecutivo
El Gobierno nacional decidió apelar el fallo judicial que ratificó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, lo que obliga a actualizar salarios docentes y no docentes, recomponer becas estudiantiles y garantizar partidas para investigación.
El conflicto en torno a la ley
La ley 27.795, sancionada en octubre de 2025, establece que el Estado debe actualizar los salarios universitarios según la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y la aprobación de la norma. Sin embargo, el Gobierno considera que la aplicación plena de estas medidas implica un costo fiscal significativo.
La estrategia del Gobierno
El Ejecutivo busca revertir la medida judicial y evalúa cumplir con la resolución mediante transferencias mensuales para evitar que el impacto fiscal quede incorporado de forma plena en el presupuesto anual. Además, se prevé impulsar cambios en el Congreso para reemplazar el esquema de actualización automática por otro más acotado.
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