El recurso extraordinario presentado por el Gobierno
En un movimiento sorpresivo, la Procuración del Tesoro de la Nación, liderada por Sebastián Amerio, presentó un Recurso Extraordinario Federal a la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para suspender la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario.
Este recurso cuestiona la sentencia de la Cámara que confirmó la medida cautelar que ordenó la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley N° 27.795 y la inaplicabilidad del artículo 1 del Decreto N° 759/2025, relacionados con el financiamiento y recomposición salarial universitaria.
El plazo límite y la obligatoriedad de las transferencias
El plazo límite para presentar el recurso era hasta las 9:30 horas del día de la fecha, por lo que ya se encuentra en vigor la obligatoriedad de las transferencias. Sin embargo, el Poder Ejecutivo Nacional solicitó a los tres magistrados que componen la Corte que se excusen en el caso y llamen a tres conjueces porque todos ellos son docentes universitarios.
El Poder Ejecutivo argumentó que la intervención de la Corte resulta necesaria por la existencia de una cuestión federal y que la medida cautelar concedida resulta equiparable a una sentencia definitiva, pues provoca un “grave e irreparable perjuicio al Estado” al ordenar gastos sin financiamiento específico, lo que podría comprometer el equilibrio fiscal y la sostenibilidad de las funciones estatales.
La Ley de Financiamiento Universitario y su aplicación
La Ley de Financiamiento Universitario, ratificada dos veces en el Congreso, establece la obligación de actualizar los salarios docentes y no docentes de las universidades nacionales por el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2023 y la sanción de la norma en septiembre de 2025.
El fallo también exige la recomposición de todas las becas estudiantiles. Sin embargo, el Gobierno argumenta que la ley no estableció fuentes de financiamiento claras y que, conforme a las leyes presupuestarias, la ejecución de gastos requiere previsión y partidas específicas aprobadas por el Congreso.
El desafío financiero inmediato
El Gobierno enfrenta un desafío financiero inmediato, ya que la Corte Suprema deberá avalar la suspensión de la aplicación de la Ley. Si la Corte no acepta el recurso, el Gobierno deberá realizar una transferencia de $2,5 billones a las universidades, lo que implicaría el retorno del déficit fiscal.
La administración de Javier Milei anticipa que esta obligación implicará el retorno del déficit fiscal y reconoce que, al día de hoy, no dispone de los fondos necesarios para cumplir con el fallo.
La situación de las universidades nacionales
La situación de las universidades nacionales es crítica, ya que las transferencias a las universidades nacionales experimentaron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, de acuerdo con un comunicado difundido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
La pérdida del poder adquisitivo de los salarios universitarios en ese período supera el 32%, mientras que la inflación acumulada asciende al 280% frente a un incremento salarial del 158%.
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