El gobierno de la Provincia de Buenos Aires, liderado por Axel Kicillof, ha decidido presentar una denuncia formal ante la Defensoría del Pueblo para investigar supuestas irregularidades en el proceso de licitación para la concesión de 1.800 km de rutas nacionales que atraviesan el territorio provincial.
El contexto de la denuncia
La licitación en cuestión se refiere a la Red Federal de Concesiones – Etapa II, un proceso que busca la administración y concesión de importantes tramos viales en la Provincia de Buenos Aires. La empresa Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), que cuenta con el respaldo del gobierno provincial, se presentó como oferente para la gestión de tramos clave, incluyendo la RN 3, RN 205, RN 226 y las autopistas Ezeiza-Cañuelas y Riccheri.
Irregularidades denunciadas
Según el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, el proceso de licitación ha estado marcado por una serie de irregularidades que afectan la transparencia y la equidad del proceso. Entre estas, se destacan modificaciones sustanciales en los requisitos de admisibilidad y la introducción de nuevas exigencias técnicas y económico-financieras sin el debido proceso de consulta.
Una de las modificaciones más criticadas es la inclusión de cambios en 33 de 34 artículos del pliego original, realizados apenas una semana antes de la fecha límite para la presentación de ofertas. Esto, según los denunciantes, no solo afecta la igualdad de condiciones entre los oferentes sino que también reduce el plazo razonable para que las empresas puedan adaptarse a los nuevos requisitos.
La posición de AUBASA
AUBASA, la empresa que respalda el gobierno provincial, asegura haber cumplido con todos los requisitos del pliego original sin omisiones. Sin embargo, la Comisión Evaluadora le solicitó aclaraciones sobre aspectos no exigidos inicialmente, lo que genera dudas sobre la imparcialidad del proceso.
La empresa destaca su capacidad para gestionar las rutas y realizar las obras necesarias para mantener los corredores viales en buen estado, lo que es fundamental para el desarrollo económico y la seguridad de los usuarios.
La solicitud de intervención de la Defensoría del Pueblo
Ante estas irregularidades, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires ha solicitado la intervención de la Defensoría del Pueblo de la Nación y de la Provincia para que actúen como veedores y garanticen la transparencia y la legalidad del proceso de licitación.
La intención es asegurar que el proceso se desarrolle con objetividad, imparcialidad y razonabilidad, protegiendo los intereses de los usuarios y del propio Estado. La intervención de la Defensoría del Pueblo podría ser crucial para esclarecer las denuncias presentadas y para garantizar que se cumplan los principios de una licitación pública justa y transparente.
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