El gobierno de Javier Milei prohibió el ingreso a estadios en todo el país a un grupo de manifestantes que participaron en las protestas contra la reforma laboral en febrero pasado. La medida, firmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se basa en la necesidad de neutralizar posibles situaciones de riesgo en eventos deportivos.
La restricción de concurrencia es una medida que busca prevenir agresiones asociadas al fútbol y se aplica a situaciones ocurridas fuera de estadios, como los incidentes registrados en la Plaza del Congreso. La decisión es parte de un esfuerzo por reforzar la prevención de violencia en eventos masivos.
La ministra de Seguridad aseguró que la medida es necesaria para garantizar la seguridad en los estadios y evitar posibles disturbios. Sin embargo, la oposición critica la decisión, argumentando que es una forma de reprimir la libertad de expresión y el derecho a protestar.
La prohibición es efectiva a partir de la publicación de las resoluciones en el Boletín Oficial y no tiene un plazo determinado. Los manifestantes afectados pueden recurrir la decisión, pero mientras tanto, no podrán ingresar a los estadios para presenciar partidos o eventos deportivos.
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