Córdoba: La superficie quemada bajó, pero las causas de los incendios siguen intactas
La provincia de Córdoba registró una disminución del 80% en la superficie incendiada en el año 2025 en comparación con el mismo período del año anterior, según las cifras oficiales difundidas por el Gobierno de Córdoba. Sin embargo, los especialistas del Instituto Superior de Estudios Ambientales (ISEA) de la Universidad Nacional de Córdoba advierten que esta disminución no necesariamente implica una solución de fondo.
Un descenso estadístico, no un triunfo
Para los expertos, el fuego sigue siendo una herramienta utilizada para degradar el bosque nativo y habilitar posteriores cambios en el uso del suelo con fines productivos o inmobiliarios. El ISEA sostiene que el alivio estadístico no debe confundirse con un triunfo, ya que los incendios no son fenómenos naturales, sino el resultado de prácticas humanas vinculadas a desmontes ilegales, fallas en el control estatal y un modelo de desarrollo que convierte territorios rurales en negocios.
Departamentos afectados y consecuencias
Departamentos del noroeste provincial como Pocho y Minas, así como áreas protegidas como el Parque Nacional Traslasierra, Quebrada del Condorito y la Reserva de Chancaní, han sufrido con fuerza estas consecuencias. La falta de recursos para la prevención y el combate del fuego, sistemas de alerta debilitados y un financiamiento inestable del Plan de Manejo del Fuego son algunos de los problemas estructurales que se repiten año tras año.
La importancia de la ley y la transparencia
Desde el ISEA recuerdan que existen herramientas legales claras, como la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y la Ley Nacional de Manejo del Fuego, que prohíben el cambio de uso del suelo tras los incendios y establecen sanciones. Sin embargo, las recientes modificaciones normativas a nivel nacional y la disolución del fondo específico para el manejo del fuego generan incertidumbre sobre la capacidad futura de prevención.
Con apenas un 3% de bosque nativo conservado, Córdoba enfrenta una encrucijada. Los especialistas consideran que cumplir la ley, fortalecer la prevención y transparentar las decisiones políticas es una condición mínima para frenar una crisis que, más allá de las estadísticas anuales, sigue poniendo en juego el ambiente, las comunidades rurales y el modelo de desarrollo de la provincia.
