Argentina

Massismo y oficialismo se unen para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

El massismo liderado por Sergio Massa votará a favor de la iniciativa que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años

El dispositivo funciona con consenso

La Libertad Avanza consiguió el apoyo de algunos sectores de la oposición para tratar el Régimen Penal Juvenil en Diputados. La sorpresa es que el massismo, liderado por Sergio Massa, votará a favor de la iniciativa que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

La posición histórica del Frente Renovador

El año pasado, cuando el proyecto se discutió en comisión, el peronismo presentó un dictamen de minoría que no modificaba la edad de imputabilidad. Sin embargo, el Frente Renovador siempre apoyó la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, como lo había plasmado en el Código Penal que Sergio Massa impulsó en 2015.

Según fuentes cercanas a la negociación, Massa acordó con sus diputados que el Frente Renovador apoyaría el proyecto de Milei. “Massa aseguró que no importa que sea el Gobierno quien haya enviado el proyecto, el Frente Renovador no tiene que cambiar su posición”, explicó uno de los presentes en la reunión.

El peronismo dividido

El peronismo comenzará a reunirse este viernes para unificar criterios y sumar a la discusión a los nuevos diputados que asumieron tras el recambio en diciembre. En el massismo creen que legisladores de otros sectores internos del peronismo podrían terminar apoyando el proyecto. “Es un voto que escapa a lo partidario, es un poco como el aborto, es un voto ideológico”, explicaron.

El nuevo régimen penal

El proyecto establece el 14 años el mínimo de punibilidad y la condena máxima será de 15 años solo para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. La privación de libertad solo se aplicaría como último recurso, por lo que la prioridad serán las penas alternativas como tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación con las víctimas o medidas de reparación del daño causado.

Se pondrá especial énfasis en la creación de institutos especiales donde los menores condenados tengan garantizado el derecho a ser educados, a recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención deberá estar especializado en infancia y adolescencia.

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