El Gobierno tuvo que dar marcha atrás
A un día de dictaminar y a dos de la sesión prevista en la Cámara de Diputados, el Gobierno decidió no avanzar con el proyecto de baja de imputabilidad en menores que había enviado el lunes al Congreso, debido a que no contempla la edad que se había consensuado con la oposición en ambas cámaras, y remitir uno nuevo para ser tratado mañana en comisiones.
Un nuevo proyecto con cambios clave
El Poder Ejecutivo enviará este martes nuevamente un proyecto de ley de Reforma del Régimen Penal Juvenil que establece el límite para la punibilidad en menores será de 14 años y no de 13, como establecía el documento que se había remitido al Poder Legislativo al comienzo de la semana.
La hoja de ruta
La reunión de comisiones está fijada para el miércoles a las 11. Además de Familias y Justicia, también se incorporarán las áreas de Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda. En tanto, la sesión en la Cámara de Diputados está prevista para el jueves cerca del mediodía.
Implicancias presupuestarias
El proyecto tiene una importante implicancia presupuestaria. En el artículo 51 se determina la asignación de $23.739.155.303,08 para la implementación del nuevo régimen, detallando las partidas que corresponderán al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación.
El texto también habilita la posibilidad de acuerdos entre las provincias y la Nación para el envío de partidas presupuestarias específicas destinadas a la construcción de nuevas instalaciones.
El consenso
Pese a que ciertos sectores del oficialismo marcaban la necesidad de bajarla a los 13 años, la posición de opositores aliados al Gobierno como el PRO y la UCR ya estaba fijada en 14 años. “Ese fue el consenso”, marcaron a Infobae.
El enfoque del proyecto
El enfoque del proyecto busca dar respuesta a las inquietudes sociales en materia de inseguridad asociada a adolescentes y desarticular posibles usos de menores como instrumentos para el delito, considerando que en la actualidad los menores de dieciséis años son inimputables. El texto promueve medidas de resocialización como prioritarias.
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