A un año del escándalo cripto conocido como “caso Libra”, la Cámara Federal de Buenos Aires ordenó al juez Ariel Lijo y al fiscal Carlos Stornelli Taiano que aceleren la instrucción de la causa. La decisión del tribunal de alzada responde a los reclamos de la querella, liderada por el damnificado Martín Romeo, quien denunció una parálisis injustificada en el expediente pese a haber aportado auditorías internacionales que documentan el recorrido de los fondos hacia el entorno presidencial.
En declaraciones radiales, Romeo afirmó que la trazabilidad del dinero presuntamente obtenido de forma ilícita está “probada y documentada”. También destacó que el trabajo de reconstrucción bancaria y digital fue respaldado por consultoras de nivel mundial. “El presidente (Javier Milei) miente sistemáticamente cuando dice que no tiene nada que ver”, aseguró Romeo.
Impacto en la Rosada
El aniversario del caso encuentra al Gobierno en una posición defensiva respecto a la transparencia de sus vínculos con el sector cripto. Mientras la querella presiona para que la Justicia dicte las primeras definiciones procesales, el foco se desplaza hacia Comodoro Py, donde el juez Lijo deberá decidir si avanza contra los nombres señalados en la trazabilidad o si mantiene el expediente en la actual etapa de instrucción, en medio de un clima de creciente repercusión política por la presunta conexión de la operatoria con el financiamiento del entorno presidencial.
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