La Justicia británica ordenó al gobierno argentino entregar información financiera y contractual sobre activos en el extranjero, tras una sentencia que obliga al país a pagar 1.330 millones de euros a los tenedores de bonos cupón PBI.
El caso de los cupones PBI
El caso involucra a cuatro fondos que demandaron a la República Argentina por modificar la metodología de cálculo del Producto Bruto Interno (PBI) durante la gestión presidencial de Cristina Kirchner.
La modificación del PBI
La modificación, implementada en 2013, redujo los pagos vinculados a los bonos denominados Cupones PBI emitidos en 2005 y 2010. La Corte londinense consideró que esta decisión perjudicó a los inversores.
La orden de la Corte británica exige revelar contratos firmados con petroleras internacionales, empresas del sector energético y cuentas bancarias en el exterior.
El proceso de discovery
El procedimiento judicial del discovery busca identificar activos que puedan ser embargados para asegurar el cumplimiento de una sentencia.
La deuda pendiente se originó en el cupón atado al PBI, instrumento creado como incentivo durante el canje de deuda de 2005 que lideró Roberto Lavagna.
La situación actual
La Argentina deberá pagar unos 1.000 millones de euros, según confirmó la Procuración del Tesoro, que ubicó este litigio como el quinto más relevante en monto para el país.
Los acreedores afirman que el país se niega a cooperar con las medidas adoptadas para ejecutar la deuda judicial y que tampoco abona los intereses diarios acumulados.
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