La decisión del Juzgado Penal Económico N° 5
El juez Diego Alejandro Amarante citó a declaración indagatoria al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Fabián Tapia, y al tesorero, Pablo Ariel Toviggino, por la omisión de depositar retenciones de tributos y recursos de la seguridad social por más de 19.350 millones de pesos.
Los otros imputados
Además de Tapia y Toviggino, también fueron citados a indagatoria el director general, Gustavo Roberto Lorenzo; el secretario general, Cristian Ariel Malaspina, y su antecesor, Víctor Blanco Rodríguez.
La medida se apoya en la gravedad de los hechos investigados y en la severidad de la pena en expectativa prevista en el artículo 55 del Código Penal. El magistrado ordenó comunicar la restricción migratoria a la Dirección Nacional de Migraciones y al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) del Ministerio de Seguridad de la Nación.
El cronograma de audiencias
El cronograma de audiencias comenzará el 5 de marzo de 2026 con Tapia y los representantes legales de la asociación, continuará el 6 de marzo con Toviggino y Lorenzo, y finalizará el 9 de marzo con Blanco Rodríguez y Malaspina.
La acusación
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sostuvo que la entidad deportiva omitió depositar retenciones de tributos y recursos de la seguridad social por un total de más de 19.350 millones de pesos, entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
La querella encuadró las maniobras en los artículos 4 y 7 del Régimen Penal Tributario (Ley 27.430) y sustentó su acusación con apoyo en el precedente “Lambruschi” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La investigación
La investigación contable demostró que la AFA recibió acreditaciones bancarias por $45.072.435.530 solo en diciembre de 2024 y registró ingresos por $453.449.869.194 durante 2025.
Con esta evidencia, ARCA concluyó que los acusados tenían “la total posibilidad fáctica de cumplir con las obligaciones fiscales”.
Las declaraciones testimoniales
Las declaraciones testimoniales de la gerente de Administración y Control, Mónica Bouvet, y la empleada Paula Méndez, explicaron bajo juramento que el circuito de pagos impositivos dependía exclusivamente de la orden verbal, personal o telefónica del tesorero.
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