Irán condena a muerte a decenas de manifestantes en juicios sumarios

La situación en Irán se vuelve cada vez más crítica, con al menos 30 personas condenadas a muerte por participar en las masivas protestas de enero de 2026.

La situación en Irán se vuelve cada vez más crítica, con al menos 30 personas, incluidos menores de edad, condenadas a muerte por participar en las masivas protestas de enero de 2026. La organización Amnistía Internacional denuncia que estos juicios se llevaron a cabo sin garantías procesales y con confesiones obtenidas bajo coacción.

La condena a Saleh Mohammadi

Saleh Mohammadi, de 18 años, fue arrestado el 15 de enero de 2026 y condenado a muerte por su presunta participación en la muerte de un agente de seguridad durante las protestas en Qom. A pesar de que Mohammadi se retractó de sus declaraciones en audiencia, argumentando que habían sido obtenidas bajo tortura, el tribunal no investigó las denuncias y ratificó la condena.

Casos de jóvenes condenados

Otros casos que llaman la atención son los de Mohammad Amin Biglari, de 19 años, y seis jóvenes más sentenciados por “enemistad contra Dios” por incendiar una base de la fuerza paramilitar Basij. Estos jóvenes fueron condenados a muerte aproximadamente un mes después de su detención, sin acceso a una defensa adecuada y con denuncias de tortura y desapariciones forzadas.

Amnistía Internacional también destaca el caso de Ehsan Hosseinipour Hesarloo, de 18 años, y los adolescentes Matin Mohammadi y Erfan Amiri, de 17, quienes enfrentan cargos por un incendio en una mezquita que provocó la muerte de dos miembros de la Basij. Los testimonios recabados por la organización indican que estos adolescentes fueron arrestados antes del incidente y sometidos a agresiones físicas para forzar confesiones.

La comunidad internacional debe actuar

Amnistía Internacional solicita a la comunidad internacional que ejerza presión diplomática sobre las autoridades de Irán para detener los procedimientos judiciales y las sentencias de muerte contra estos manifestantes. La organización advierte que la cifra de personas en riesgo de ejecución podría ser más alta, ya que las autoridades intimidan a las familias para impedir que informen sobre la situación de los detenidos.

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