Activistas de Greenpeace detenidos en protesta contra la reforma de la Ley de Glaciares
Un grupo de activistas de Greenpeace y un camarógrafo de un canal de televisión fueron detenidos en una protesta contra la reforma de la Ley de Glaciares en el Congreso.
La protesta en el Congreso
Un grupo de activistas de Greenpeace y un camarógrafo de un canal de televisión fueron detenidos en la explanada del Congreso de la Nación durante una manifestación contra el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares. Los manifestantes saltaron la reja del Palacio Legislativo para expresar su rechazo a las modificaciones previstas en la Ley 26.639.
La acción directa y pacífica
Los activistas llevaron a cabo una acción directa y pacífica sobre las escalinatas del Congreso, sentados en inodoros y desplegaron un mensaje para exponer la gravedad de la reforma de la Ley de Glaciares que se debatirá en el Senado. Según Diego Salas, director de programas de Greenpeace, la decisión que tomen los senadores será recordada y tienen la oportunidad histórica de proteger el futuro hídrico del país.
El proyecto de reforma
La sesión en la Cámara Alta está prevista para las 11 y el debate se centra en transferir a las provincias la facultad de determinar qué zonas podrían habilitarse para la actividad minera, con una mayor flexibilidad de criterios para explotar el recurso. El proyecto oficialista argumenta que la reforma permitirá atraer inversiones significativas, especialmente en proyectos de cobre, al flexibilizar los criterios para definir áreas protegidas.
La redefinición de los espacios periglaciares
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la redefinición de los espacios periglaciares, cuya descripción como zonas de alta montaña con suelos congelados y función de regulación hídrica es considerada demasiado amplia por sectores empresariales. Desde el sector minero, se sostiene que la legislación vigente se traduce en una prohibición prácticamente total para nuevos emprendimientos.
La posición de Greenpeace y otras ONGs
Para Greenpeace y otras decenas de ONGs, la iniciativa impulsada por el oficialismo dejaría sin objeto una normativa clave, producto de una amplia movilización social, del trabajo de científicos, comunidades y organizaciones. La normativa vigente establece presupuestos mínimos para proteger las fuentes de agua en los territorios de alta montaña. La reforma que intentan impulsar no es una actualización técnica, ni una mejora normativa: se trata de una reforma constitucional de facto, ya que la normativa quebraría el sistema de presupuestos mínimos y crearía un escenario de inestabilidad jurídica y legislativa.
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