El Senado de la Nación debatirá este jueves la reforma de la Ley de Glaciares, que busca deslindar a la Nación de la responsabilidad de protección y trasladarla a las provincias. El proyecto genera polémica ya que se estima que beneficiará a la actividad minera en perjuicio del medio ambiente.
La reforma propone diferenciar entre “áreas periglaciares” y “geoformas periglaciares”, y sujeta su pertenencia al Inventario Nacional de Glaciares (ING) a ser reconocidas como “reservas estratégicas”. Esto permitiría la minería y la extracción de hidrocarburos en zonas donde actualmente está prohibida.
El senador Daniel Pablo Bensusán aseguró que esta iniciativa “perjudica muchísimo el agua, un bien tan fundamental”. La normativa trasladaría a las provincias los criterios sobre qué es un glaciar, habilitando una carrera de desregulación a favor de las grandes empresas mineras.
Desde el oficialismo argumentan que la ley actual generó una “parálisis regulatoria” en sectores como el litio y el cobre, y que la reforma busca mayor seguridad jurídica para las empresas. Sin embargo, los detractores cuestionan la laxitud de la terminología legislativa y alertan sobre el efecto que podría provocar la explotación minera en una provincia sobre el acceso hídrico en otra.
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