El Gobierno decidió derogar una resolución de 2012 que impedía el patentamiento de medicamentos en el país. A partir de ahora, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) será el encargado de decidir, caso por caso, el otorgamiento de patentes sin condicionamientos previos.
Un cambio de rumbo en la política de patentes
La resolución conjunta del ministro de Salud, Mario Lugones, el de Economía, Luis Caputo, y el titular del INPI, Carlos María Gallo, dejó sin efecto la resolución de 2012 que detallaba las pautas para el examen de patentabilidad de las solicitudes de patentes sobre invenciones químico-farmacéuticas.
Impacto en el negocio farmacéutico local
La nueva norma también establece que para el caso de patentes concedidas a partir de ahora vinculadas a productos farmacéuticos comercializados en el país, los titulares de las patentes no tendrán derecho a impedir la continuación de la comercialización ni a requerir una retribución.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la decisión del Gobierno y señaló que representa una mejora trascendental en el respeto de la propiedad intelectual en el país.
Reacciones y consecuencias
El estudio Marval, O’Farrell & Mairal destacó que la resolución marca un punto de inflexión importante en el panorama de las patentes del país, pero también plantea cuestiones importantes sobre su alcance y validez constitucional.
Expertos en la materia consideran que las directrices incluidas en la resolución derogada eran un escollo para que no se aprueben patentamientos, ya que restringían la capacidad del INPI para hacerlo.
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