Agentes condenados por delitos de lesa humanidad: la PIA promueve su baja definitiva
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas promueve la baja administrativa de agentes condenados por delitos de lesa humanidad
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) promovió la baja administrativa de 78 agentes que se encontraban en situación de retiro pese a registrar condenas penales firmes por crímenes de lesa humanidad durante la época del terrorismo de Estado.
El trabajo tuvo origen en un pedido de colaboración formulado por la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, que interviene en los procesos por crímenes en el ámbito de la Escuela de Mecánica de la Armada.
La medida impulsada es el resultado de un informe en el que la procuraduría especializada analizó la situación administrativa de integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad nacionales condenados con sentencia firme por delitos de lesa humanidad, que continuaban vinculados institucionalmente al Estado pese a esas condenas.
La situación de los agentes condenados
La PIA relevó la situación de personas condenadas, con sentencia firme, por crímenes cometidos durante la época del terrorismo de Estado.
El estudio incluyó a la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, el Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina.
A partir de estas actuaciones, se verificaron bajas efectivamente dispuestas en la Policía Federal, la Fuerza Aérea y el Ejército, además de confirmarse otras previamente adoptadas.
La importancia de la desvinculación institucional
La desvinculación institucional definitiva de personas condenadas por delitos de lesa humanidad constituye una obligación derivada tanto del derecho interno como de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de derechos humanos.
La PIA puso el informe en conocimiento de las autoridades nacionales competentes, con el objetivo de promover la adopción de medidas que permitan asegurar el cumplimiento integral y oportuno de las sentencias judiciales y evitar la persistencia de vínculos funcionales incompatibles con condenas por graves violaciones a los derechos humanos.
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