La esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y su asesora, María Cristina Álvarez, han sido procesadas por el juez Juan Carlos Peinado
La decisión del juez Peinado de procesar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su asesora, María Cristina Álvarez, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, ha generado un gran revuelo en la escena política española. El empresario Juan Carlos Barrabés también ha sido procesado por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
La acusación sostiene que Gómez expandió su red profesional y de influencia
La acusación unificada sostiene que desde la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, su esposa, Begoña Gómez, expandió rápidamente su red profesional y de influencia, especialmente tras asumir la dirección del IE África Center y su papel en el Máster de Fundraising en la Universidad Complutense (UCM). Según la acusación, Gómez contrató a su amiga María Cristina Álvarez con salario público para asistirla tanto en actividades profesionales como privadas.
La pieza central de la causa es la creación y control de la Cátedra de Transformación Social Competitiva
La pieza central de la causa es la creación y control de la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) en la UCM. La investigación indica que la esposa de Sánchez registró a su nombre tanto la marca TSC como el dominio web transformatsc.org, emprendiendo la constitución de una sociedad con idéntico nombre en noviembre de 2023. El desarrollo del software de la Cátedra, según la acusación, fue financiado y trabajado con medios públicos y privados, incluyendo a empresas como Indra, Telefónica, Google y Reale Seguros, que aportaron un total que supera los 300.000 euros.
La defensa de Gómez y Álvarez solicita el cierre inmediato del expediente
La defensa de Gómez y Álvarez solicitó el cierre inmediato del expediente, subrayando que los hechos no constituyen delito o que, en caso de haber existido irregularidades, no caen bajo los tipos penales imputados. El abogado de Gómez sostiene que la acusación “omite hechos relevantes” que descargarían a su representada. Asegura que la cátedra era gratuita, que la financiación nunca entró en su patrimonio y que las cartas de apoyo fueron meros procedimientos habituales en proyectos universitarios.
El fiscal solicita la apertura del juicio oral
El fiscal solicitó la apertura del juicio oral, considerando que el expediente cuenta con una “imputación jurídicamente articulada” para ser evaluada en juicio. Se remite a alegaciones ya presentadas que “tras casi dos años de instrucción, sí que existe un relato fáctico y una imputación jurídicamente articulada”.
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