Bolivia al borde del caos: El Senado deroga la ley de estado de excepción en medio de protestas y bloqueos

La situación en Bolivia

El Senado de Bolivia aprobó un proyecto para eliminar la Ley de Estado de Excepción, una normativa vigente desde 2020 que fijaba condiciones, plazos y mecanismos de control para que el Gobierno pudiera aplicar medidas extraordinarias ante situaciones de crisis. Esta decisión se produjo en medio de una escalada de tensión política y social, con bloqueos de rutas, enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad y pedidos para que el presidente Rodrigo Paz adopte acciones más duras para recuperar el control de las carreteras.

La norma ahora deberá pasar a la Cámara de Diputados. Si recibe luz verde, el Ejecutivo quedará con menos restricciones legales para implementar medidas excepcionales en un contexto marcado por protestas que ya llevan semanas afectando el abastecimiento de combustible, alimentos y medicamentos en distintas regiones del país.

La ley derogada

La ley aprobada en 2020 establecía procedimientos específicos para declarar un estado de excepción. Entre otros puntos, obligaba al Gobierno a justificar las medidas adoptadas, fijaba límites temporales y habilitaba mecanismos de supervisión legislativa sobre las decisiones del Poder Ejecutivo, incluyendo la eventual participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna.

La derogación fue impulsada mientras distintos sectores presionan al Gobierno para endurecer su respuesta frente a los bloqueos. En las últimas semanas, organizaciones empresariales, dirigentes regionales y grupos cívicos reclamaron la aplicación de medidas más severas para liberar las rutas tomadas por sindicatos, movimientos campesinos y sectores afines al ex presidente Evo Morales.

Reacciones y consecuencias

El Comité pro Santa Cruz, uno de los espacios cívicos más influyentes del país, pidió públicamente que Paz declare un “estado de excepción sectorizado” para restablecer la circulación y garantizar el suministro en las principales ciudades. Desde el oficialismo sostienen que la situación actual amenaza el funcionamiento económico y la estabilidad institucional.

Sin embargo, organizaciones sociales y sindicatos que participan de las protestas advirtieron que una medida de ese tipo podría agravar el conflicto y derivar en nuevos episodios de violencia. Los grupos movilizados acusan al Gobierno de intentar criminalizar las protestas y responsabilizan al Ejecutivo por el deterioro de la situación social y económica.

Llamados a la calma y el diálogo

Frente al agravamiento de la crisis, la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto y Provincias difundieron un pronunciamiento conjunto reclamando el cese inmediato de la violencia y la apertura de un canal de diálogo entre las partes.

“Lamentamos que el diálogo no se haya concretado hasta ahora”, señalaron las instituciones en el comunicado. Además, exigieron una investigación “urgente, independiente y transparente” sobre los hechos registrados durante los enfrentamientos, especialmente respecto de denuncias sobre heridos, un fallecido y posibles abusos cometidos durante los operativos de seguridad.

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