Clausuran comercios y retiran 700 productos veterinarios en Río Tercero y Villa Santa Rosa

El Ministerio de Bioagroindustria, a través de la Dirección General de Fiscalización y Control, ejecutó este lunes una serie de inspecciones en establecimientos dedicados a la venta de productos zooterapéuticos en Río Tercero y Villa Santa Rosa de Río Primero. En el transcurso de la jornada se detectaron graves irregularidades que obligaron a ordenar la clausura preventiva de varios locales y la interdicción de setecientos ítems sin la documentación requerida.

Un control que parte de la Ley Provincial N.º 6429

La normativa provincial establece que cualquier producto de uso veterinario debe comercializarse exclusivamente en comercios habilitados y bajo la supervisión directa de un médico veterinario registrado. La Ley 6429, vigente desde 2015, obliga a los establecimientos a contar con inscripción en el registro provincial y a renovar sus habilitaciones cada dos años. Durante la inspección, los agentes del Ministerio constataron que varios locales operaban sin cumplir con estos requisitos, lo que representa un riesgo para la salud animal y, por extensión, para la cadena alimentaria local.

¿Qué se encontró en los comercios inspeccionados?

Los inspectores revisaron la documentación de cada punto de venta, verificaron la trazabilidad de los productos y cruzaron la información con la base de datos oficial. En diez comercios se constató la falta total de habilitación, mientras que en otros ocho se detectó que la inscripción había expirado en los últimos meses. Además, se hallaron 700 unidades de productos zooterapéuticos –antibióticos, antiparasitarios y vacunas– que no contaban con los certificados de calidad exigidos por la autoridad provincial.

Ante esta situación, los funcionarios emitieron órdenes de clausura preventiva y de interdicción de los productos, los cuales fueron retirados y almacenados bajo custodia del Ministerio hasta que se acredite su legalidad o se disponga su destrucción.

Impacto en el sector agropecuario local

Río Tercero y Villa Santa Rosa son núcleos productivos donde la actividad ganadera y avícola constituye una parte importante del empleo y del PIB regional. La ausencia de control en la venta de productos veterinarios puede derivar en tratamientos inadecuados, resistencia bacteriana y pérdidas económicas para los productores. Por eso, la medida tomada por la Dirección General de Fiscalización y Control busca proteger tanto a los criadores como a los consumidores finales, garantizando que los medicamentos que llegan al campo sean seguros y estén debidamente registrados.

Los gremios agropecuarios de la zona recibieron la noticia con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. “Es una movida necesaria; no podemos permitir que se comercialicen productos sin control, porque el bolsillo de los productores se ve afectado cuando los animales enferman por tratamientos inadecuados”, comentó el presidente de la Cámara de Ganaderos de Río Tercero.

Procedimientos y vías de reclamo

Los comercios que fueron clausurados recibieron una intimación formal para que regularicen su situación en un plazo de diez días hábiles. De no hacerlo, se iniciarán procesos judiciales que pueden derivar en multas millonarias y en la pérdida definitiva del permiso para operar. Por su parte, la ciudadanía que sospeche de irregularidades en la venta de productos veterinarios puede presentar denuncias a través de la plataforma digital de la Dirección General de Fiscalización y Control o llamando al número gratuito 0800‑888‑2476.

El Ministerio enfatiza que estas inspecciones forman parte de una política de fiscalización continua, cuyo objetivo es fortalecer la cadena de suministro de productos veterinarios y evitar la proliferación de mercancías clandestinas que pongan en riesgo la salud animal y humana.

Raíces de la regulación sanitaria en la provincia

La regulación de productos veterinarios en Córdoba tiene sus antecedentes en la década de los 90, cuando se creó el Registro Provincial de Productos Agropecuarios, con la intención de centralizar la información sobre la fabricación, importación y comercialización de insumos. Con el paso de los años, la normativa se fue endureciendo, especialmente después de los brotes de enfermedades como la fiebre aftosa y la brucelosis, que mostraron la vulnerabilidad del sector ante la falta de control.

En 2015 se sancionó la Ley N.º 6429, que consolidó los requisitos de habilitación, inscripción y supervisión técnica, estableciendo sanciones que van desde la multa administrativa hasta la clausura definitiva del establecimiento. Desde entonces, la Dirección General de Fiscalización y Control ha intensificado sus visitas de campo, incorporando tecnologías de georreferenciación y bases de datos interactivas para cruzar información en tiempo real.

El caso de Río Tercero y Villa Santa Rosa se inscribe en esta línea de acción, demostrando que la autoridad provincial está dispuesta a aplicar la normativa de manera rigurosa cuando se detectan incumplimientos. La expectativa de los productores es que, a largo plazo, estas medidas contribuyan a un mercado más transparente, con productos de calidad que garanticen la salud del ganado y la confianza de los consumidores.

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