Cobro por amenazas en escuelas de Córdoba: Es oficial

El Gobierno de la Provincia de Córdoba dio un paso decisivo para frenar las falsas alarmas y actos vandálicos que afectan a los establecimientos educativos. A través de la publicación en el Boletín Oficial, se formalizó el sistema de recupero de gastos para el cobro de los operativos derivados de las amenazas en escuelas de Córdoba, una medida que busca resarcir al Estado por el despliegue innecesario de valiosos recursos públicos.

El nuevo protocolo ante las amenazas en escuelas de Córdoba

La resolución del Ministerio de Seguridad, encabezado por Juan Pablo Quinteros, establece un mecanismo administrativo riguroso que ya se encuentra plenamente vigente. El proceso se inicia de inmediato tras la intervención del Ministerio Público Fiscal, que tiene la tarea de identificar a los autores materiales de los hechos y, fundamentalmente, a los adultos responsables en caso de que los involucrados sean menores de edad.

Una vez identificados los culpables, se procede a la elaboración de un expediente detallado donde se cuantifican todos los gastos incurridos por el Estado Provincial. No se trata solo de la presencia policial en la puerta del colegio, sino de un cálculo integral que incluye el combustible de los móviles, las horas hombre del personal especializado y el uso de tecnología de rastreo para dar con el origen de las llamadas o mensajes intimidatorios.

¿Cuánto cuestan las amenazas en escuelas de Córdoba?

El protocolo de recupero y resarcimiento de gastos es taxativo: los responsables deberán afrontar el costo total de la logística desplegada. Esto incluye la activación de brigadas especiales, como la División Explosivos, y los servicios de emergencia médica que suelen desplazarse preventivamente ante este tipo de alertas, dejando de cubrir otras zonas de la ciudad.

El objetivo de la normativa es claro: desalentar estas conductas que saturan el sistema de seguridad y generan pánico innecesario en la comunidad educativa. Según el texto oficial, una vez determinada la cifra del operativo, se intimará al pago en un plazo perentorio de tan solo cinco días hábiles. Si el pago no se efectiviza en ese tiempo, la Fiscalía de Estado tomará intervención para iniciar las acciones judiciales correspondientes, lo que podría derivar en embargos u otras medidas legales severas contra el patrimonio de los padres o tutores.

Con esta medida, Córdoba busca proteger el presupuesto público y garantizar que los recursos de la Policía y los servicios de salud estén disponibles para emergencias reales, estableciendo que la irresponsabilidad tendrá, a partir de ahora, un alto costo económico para quienes la promuevan.