Córdoba Avanza en la Lucha Contra el Narcotráfico: La Ley Antibúnker y Antiaguantaderos
La Ley Provincial 11.128 marca un nuevo rumbo en la lucha contra el narcotráfico en Córdoba
En un paso significativo hacia la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, el gobernador Martín Llaryora promulgó la Ley Provincial 11.128, conocida como la Ley Antibúnker y Antiaguantaderos. Esta legislación marca un nuevo rumbo en la estrategia para combatir el narcotráfico y la delincuencia en la provincia de Córdoba, al establecer un marco legal que permite la intervención de inmuebles utilizados para actividades delictivas.
Un Nuevo Enfoque en la Lucha Contra el Narcotráfico
La Ley Provincial 11.128 contempla la creación de un procedimiento administrativo para neutralizar riesgos asociados a la delincuencia y fortalece las herramientas judiciales disponibles para combatir el narcotráfico de manera efectiva. Además, la norma dispone que una parte de los bienes y recursos decomisados en operaciones contra el narcotráfico se destine al fortalecimiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico y a programas de prevención y asistencia a víctimas y comunidades afectadas.
Medidas para Intervenir Inmuebles de Riesgo
Entre las medidas previstas por la ley se encuentran el tapiado, el cerramiento, la clausura provisoria, el bloqueo de accesos y la custodia preventiva de inmuebles identificados como búnkeres, aguantaderos o lugares que, por su estado de abandono, representan un riesgo para la seguridad pública. Estas intervenciones tendrán carácter preventivo, temporal y proporcional, con un plazo inicial de hasta seis meses, prorrogable si subsisten las condiciones que motivaron la intervención.
Fortalecimiento de la Lucha Contra el Narcotráfico
La ley también incorpora modificaciones a la Ley Provincial 10.067, permitiendo al fiscal especializado solicitar al juez medidas destinadas a hacer cesar el funcionamiento de un búnker, incluyendo la clausura, el aseguramiento del inmueble, la exclusión de personas vinculadas a la actividad ilícita y, en casos excepcionales, la remoción, inutilización o demolición total o parcial de estructuras utilizadas para el narcomenudeo, siempre mediante resolución judicial fundada y con las garantías del debido proceso.
Destino de Bienes y Recursos Recuperados
Un aspecto crucial de la norma es el destino de los bienes y recursos recuperados en causas de narcotráfico. El producido de la venta de estos bienes se distribuirá de manera específica: el 60% se destinará al fortalecimiento operativo, tecnológico y logístico de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, mientras que el 40% financiará programas de prevención, asistencia a víctimas, abordaje de consumos problemáticos y otras políticas públicas vinculadas a la lucha contra el narcotráfico.
Unidad Interagencial y Registro de Bienes Intervenidos
La ley crea la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y el Registro Provincial de Bienes Intervenidos, organismos que coordinarán el trabajo entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y Trabajo, el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba, la Fuerza Policial Antinarcotráfico y los gobiernos locales para planificar, ejecutar y monitorear las intervenciones de inmuebles y bienes vinculados a actividades delictivas.
La Lucha Contra el Narcotráfico en Córdoba: Un Compromiso con la Seguridad
La promulgación de la Ley Antibúnker y Antiaguantaderos refleja el compromiso del gobierno de Córdoba con la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. Al abordar de manera efectiva el problema del narcotráfico y la delincuencia, la provincia busca reducir los riesgos para la seguridad pública y mejorar la calidad de vida de los cordobeses.
Un Paso Hacia la Recuperación de Espacios Seguros
La implementación de esta ley no solo representa un avance en la lucha contra el narcotráfico, sino también un paso hacia la recuperación de espacios que han sido tomados por la delincuencia. Al intervenir inmuebles utilizados para actividades ilícitas y al fortalecer las herramientas para combatir el crimen, Córdoba se posiciona como una provincia comprometida con la seguridad y la justicia.
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