Córdoba Refuerza la Lucha Contra el Narcotráfico: La Ley Antibúnker y Antiaguantaderos
La Ley Antibúnker y Antiaguantaderos busca combatir el narcotráfico y fortalecer la seguridad en Córdoba
Un Nuevo Enfoque en la Lucha Contra el Delito
En un esfuerzo por fortalecer la seguridad pública y combatir el narcotráfico de manera efectiva, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, promulgó la Ley Provincial 11.128, conocida como la Ley Antibúnker y Antiaguantaderos. Esta normativa busca establecer un marco legal más robusto para intervenir inmuebles utilizados para actividades delictivas, ofreciendo herramientas administrativas y judiciales más potentes para neutralizar riesgos y asegurar la convivencia ciudadana.
Objetivos y Medidas de la Ley
La Ley Antibúnker y Antiaguantaderos declara de interés público el ordenamiento territorial de seguridad, lo que permite la identificación, intervención, resguardo y recuperación de inmuebles que sirven como búnkeres, aguantaderos o guaridas del delito. Además, contempla la situación de inmuebles abandonados o deteriorados que representen un riesgo para la comunidad, aunque aclara que la simple falta de uso no es motivo suficiente para la intervención estatal.
Entre las medidas previstas se incluyen el tapiado, cerramiento, clausura provisoria, bloqueo de accesos, custodia preventiva y otras acciones destinadas a impedir que estos lugares continúen siendo utilizados para actividades delictivas. Estas intervenciones tendrán carácter preventivo, temporal y proporcional, con un plazo inicial de hasta seis meses, prorrogable si persisten las condiciones que las motivaron.
Fortalecimiento de la Lucha Contra el Narcotráfico
La norma incorpora modificaciones a la Ley Provincial 10.067, permitiendo que el fiscal especializado solicite al juez medidas para hacer cesar el funcionamiento de un búnker, incluyendo la clausura, el aseguramiento del inmueble, la exclusión de personas vinculadas a la actividad ilícita y, de manera excepcional, la remoción, inutilización o demolición total o parcial de las estructuras utilizadas para el narcomenudeo, siempre mediante resolución judicial fundada y con las garantías del debido proceso.
La creación de la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y el Registro Provincial de Bienes Intervenidos busca coordinar el trabajo entre los diferentes organismos involucrados, como el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y Trabajo, el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba, la Fuerza Policial Antinarcotráfico y los gobiernos locales, para planificar, ejecutar y monitorear las intervenciones de manera efectiva.
Destino de los Bienes Recuperados
La ley también establece el destino de los bienes y recursos recuperados en causas de narcotráfico. El producido de la venta de estos bienes se distribuirá de la siguiente manera: el 60 por ciento será destinado al fortalecimiento operativo, tecnológico y logístico de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, mientras que el 40 por ciento financiará programas de prevención, asistencia a víctimas, abordaje de consumos problemáticos y otras políticas públicas vinculadas a la lucha contra el narcotráfico.
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