Córdoba se moviliza contra el proyecto de ley de discapacidad: ‘Una norma que viene a romper lo que ya está roto’

En el marco de una jornada de protesta federal, el colectivo de discapacidad de Córdoba se movilizó este miércoles hacia la Plaza Vélez Sarsfield para expresar su firme rechazo al nuevo proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional y exigir el cumplimiento de la normativa vigente. La marcha en la capital provincial formó parte de una convocatoria nacional que tuvo réplicas en ciudades como Buenos Aires y Mar del Plata, denunciando un ajuste que pone en riesgo las prestaciones básicas de miles de familias.

El reclamo central de las organizaciones cordobesas y del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad es la plena aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793), sancionada el año pasado, y el retiro del proyecto oficialista que busca modificar el sistema de pensiones y coberturas. Desde la Fundación CEA Río Ceballos, las voces de alerta subrayaron la gravedad de la situación.

Una ley que busca desregular el sistema de salud

Belén Vergara Freytes, integrante de la Fundación CEA Río Ceballos, advirtió sobre un ‘maltrato sistemático’ hacia el sector desde el inicio de la actual gestión. Según Vergara Freytes, el Gobierno ha intentado ‘demonizar’ al colectivo con cifras irrisorias de pensiones supuestamente mal otorgadas para justificar un ajuste estructural. La referente fue contundente al hablar sobre la propuesta legislativa del Ejecutivo: ‘Nos encontramos con esta nueva idea de una ley que viene a romper sobre lo que ya está roto’.

Respecto a la desregulación del nomenclador nacional, Vergara Freytes destacó especialmente el peligro que esto implica: ‘Las obras sociales van a tener la potestad de decidir si van a querer o no brindarle la atención a la persona con discapacidad’, lo que significaría que la salud dejaría de ser un derecho adquirido para convertirse en una decisión arbitraria de las prestadoras.

Impacto en trabajadores y prestadores

Vergara Freytes advirtió que el impacto de las medidas no se limita a las personas con discapacidad y sus familias, sino que alcanza a todo el entramado laboral del sector. ‘Esto no viene solamente a romper el esquema de la familia de la persona con discapacidad, sino que en torno a nosotros hay todo un ecosistema de trabajadores que hoy han tenido que dejar su vocación para buscar otro trabajo, porque no les da un sustento de vida’, explicó.

La situación de los transportistas también es crítica: ‘Lo que les pagan por el traslado prácticamente les alcanza solo para cargar combustible’. Vergara Freytes sintetizó la situación: ‘Es un ecosistema el que se está rompiendo’, y advirtió que la falta de prestaciones genera un efecto en cadena: familias que pierden terapias, madres que deben dejar de trabajar y una organización de vida que se desarma.

Desigualdad en el acceso a la salud

Rocío Juárez, también de la Fundación CEA Río Ceballos, explicó que la desregulación del nomenclador generará una desigualdad profunda en el acceso a la salud. ‘Cada obra social va a fijar sus propios aranceles, generando una atención para ricos y otra para pobres’, afirmó Juárez, agregando que muchas instituciones no podrán aceptar obras sociales que paguen por debajo de los costos, dejando a gran parte de la población fuera del sistema.

La movilización en Córdoba también visibilizó la crisis de los prestadores y profesionales, quienes denuncian atrasos en los pagos del programa Incluir Salud desde octubre del año pasado y aranceles que no se actualizan frente a la inflación. ‘Lo que está haciendo este gobierno es lo más cruel que he visto en mi vida’, sentenció Juárez, reflejando el sentimiento de desamparo de muchas familias frente a lo que consideran políticas de recorte disfrazadas de lucha contra el fraude.

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