Cuba
La dictadura cubana enfrenta una nueva denuncia por su modelo de represión contra los activistas y disidentes.
Cuba, un laberinto de represión: ‘Prisión o Exilio’ contra activistas y disidentes
La dictadura cubana enfrenta una nueva denuncia de la comunidad internacional por su modelo de represión contra los activistas y disidentes.
La estrategia de ‘Prisión o Exilio’
Las Relatoras Especiales de la ONU, Gina Romero, Alexandra Xanthaki, Irene Khan y Mary Lawlor, han emitido una carta acusatoria al régimen de Cuba por su estrategia de persecución, desaparición forzada, detención arbitraria y tortura contra defensores de derechos humanos y activistas.
Un patrón de criminalización y coerción
Según la misiva, Cuba ha implantado un modelo de ‘Prisión o Exilio’ como mecanismo de control interno para neutralizar la disidencia. De acuerdo con Prisoners Defenders, esta práctica implica forzar a activistas a abandonar el país bajo amenaza, ya sea como condición para su excarcelación o para evitar procesos penales.
Casos destacados
Entre los casos detallados en la misiva se encuentra el del activista José Daniel Ferrer, quien ha sido víctima de múltiples detenciones que violan los estándares internacionales de debido proceso. Ferrer permaneció más de seis años en prisión, aunque su condena era de cuatro años y seis meses.
Las relatoras también mencionan el caso de Yosvany Rosell García Caso, quien fue arrestado tras participar en una protesta en Holguín y condenado a 15 años de prisión por sedición. Durante su hospitalización en estado crítico, permaneció bajo vigilancia estricta y frecuentemente esposado a la cama.
La comunidad internacional se une a la denuncia
La carta de las Relatoras Especiales es respaldada por las organizaciones Prisoners Defenders y Consorcio Justicia. La comunidad internacional se une a la denuncia contra la represión y la violación de los derechos humanos en Cuba.
La respuesta del régimen cubano
La carta, enviada el 7 de enero de 2026, no recibió respuesta del Gobierno cubano dentro del plazo de 60 días que establece Naciones Unidas para presentar alegaciones. De acuerdo con Prisoners Defenders, la ausencia de respuesta equivale a una aceptación tácita de las acusaciones.
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