Argentina

Denuncias penales por créditos del Banco Nación: el Gobierno en la mira

El Gobierno nacional se encuentra en alerta tras la presentación de denuncias penales por créditos otorgados a funcionarios y dirigentes de La Libertad Avanza

El Gobierno nacional en alerta por las denuncias penales

El Gobierno nacional se encuentra en alerta tras la presentación de dos denuncias penales por los créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios y dirigentes vinculados a La Libertad Avanza (LLA). Desde el Ejecutivo sostienen que los préstamos se otorgaron dentro del marco legal y niegan que haya existido trato preferencial.

Las denuncias penales

La primera denuncia fue impulsada por el abogado Alejandro Díaz Pascual y quedó a cargo del juzgado de Daniel Rafecas. La segunda presentación, en manos de María Eugenia Capuchetti, fue promovida por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade junto al socialista Esteban Paulón. Ambas denuncias apuntan a determinar si hubo condiciones especiales, conflicto de intereses o algún tipo de privilegio en la asignación de los créditos.

Los involucrados

Entre los involucrados se encuentran el expresidente del Banco Nación, Daniel Tillard, y el superintendente de Entidades Financieras del Banco Central, Juan Ernesto Curuchet. También se mencionan a varios beneficiarios de los créditos, como Federico Furiase, Pedro Inchauspe, Felipe Núñez y legisladores libertarios como Mariano Campero, Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovanni.

La respuesta del Gobierno

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, le pidió la renuncia a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, luego de que trascendiera que el funcionario recibió un crédito hipotecario del Banco Nación. Massaccesi rompió el silencio y dio su versión de los hechos, asegurando que accedió a un crédito para la primera vivienda junto a su pareja, cumpliendo con todos los requisitos.

El escándalo político

El escándalo político ha generado un gran revuelo en el país, con muchos cuestionando la transparencia y la legalidad de los créditos otorgados. El Gobierno de Javier Milei se encuentra bajo presión para dar explicaciones y tomar medidas para evitar que se repitan situaciones similares en el futuro.

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