El Gobierno desata la polémica en el Congreso con su proyecto de ley ‘Hojarasca’ que busca eliminar los autos oficiales para diputados y senadores
El proyecto de ley 'Hojarasca' del Gobierno nacional busca eliminar los autos oficiales para diputados y senadores, lo que ha generado una fuerte polémica en el Congreso

El debate en el Congreso
El Gobierno nacional ha desatado un intenso debate en el Congreso con su proyecto de ley ‘Hojarasca’, que busca eliminar los autos oficiales para diputados y senadores. La medida ha generado el enojo de varios bloques y ha llevado a una fuerte oposición dentro del propio oficialismo.
El proyecto de ley ‘Hojarasca’ fue enviado recientemente al Congreso para su tratamiento y ha sido redactado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El paquete de iniciativas apunta a derogar cerca de 70 normas que la gestión libertaria considera obsoletas o incluso absurdas, pero que técnicamente siguen vigentes porque nunca se eliminaron.
La polémica por los autos oficiales
Uno de los puntos que ha generado más polémica es la propuesta de dar de baja los beneficios que se les otorgan a los legisladores nacionales, así como a secretarios y prosecretarios parlamentarios, para la libre circulación y estacionamiento de sus vehículos con credenciales especiales. Según el funcionario, este es ‘uno de los ejemplos más claros de privilegio’ en la legislación argentina actual, por lo que debería dejar de regir.
Aunque el proyecto ya está en manos de las autoridades de la Cámara de Diputados, el oficialismo ha optado por postergar su discusión para priorizar la modificación a la ley de Glaciares, que ya tiene media sanción del Senado. Sin embargo, se prevé que esta sea la próxima reforma a analizar y se espera una única reunión de la comisión de Legislación General, a la cual podría asistir el mismo Sturzenegger para defenderla.
Reacciones en el Congreso
La medida ha generado fuertes reacciones en el Congreso, con varios diputados y senadores expresando su oposición a la iniciativa. ‘Son estas pelotudeces de gente que es diputada y llega a la Ciudad de Buenos Aires y, como no tiene agenda, va del hotel al Congreso y del Congreso al hotel, porque solo levanta la mano. Y no logra saber para qué sirve en su laburo. Yo tengo mi oblea. Uso mi auto y me salva poder llegar puntual a las reuniones’, remarcó un integrante de la oposición dialoguista.
Por su parte, referentes de distintos bloques se han expresado en contra de la iniciativa y se quejan de que el recorte los afecte solamente a ellos y no a los funcionarios nacionales. ‘No para de hacer desastres, el ministro. Fue el que metió el artículo (de las licencias por enfermedad) en la reforma laboral, yo creo que ya está agotado. Ya fracasó con Mauricio Macri. Ahora va por nuestros autos, ¿para qué? ¿Por qué no se ocupan mejor de todos los problemas que tiene el Gobierno con Manuel Adorni y con los créditos bancarios?’, protestó un legislador que supo ser aliado, pero que hoy está alejado de la Casa Rosada.
Defensa de la oposición
En esta misma línea, aunque de manera menos combativa y más pragmática, otros espacios señalan que derogar este beneficio podría ser una mala decisión, ya que entienden que perjudicaría a la actividad democrática, dificultando el trabajo de los parlamentarios. Para defender esta postura, dan el ejemplo de un diputado del PRO que meses atrás, cuando se estaba debatiendo la reforma laboral, no llegó a tiempo para dar quórum, ya que no estaba en su vehículo protocolar.
En La Libertad Avanza, en tanto, reconocen que este artículo en particular de ‘Hojarasca’ generó mucha polémica, pero por el momento no hay intenciones de quitarlo: ‘Sí, es verdad, está difícil este tema, pero vamos a insistir’, advierten.
Los fundamentos del proyecto
En los fundamentos del proyecto, el Gobierno indica que ‘el término ‘privilegio’ deriva del latín privus (propio) y legalis (ley), es decir, una ley sancionada no para la totalidad de los ciudadanos, sino para ‘uno mismo”. Para el Ejecutivo, ‘hay pocos ejemplos de privilegio tan claros como el que deja en evidencia esta norma, inaceptable en una sociedad democrática, y contraria al principio de igualdad ante la ley establecido por el ya citado artículo 16 de la Constitución Nacional’.
La ley en cuestión, la N° 20.959, otorga desde 1975 a los integrantes del Congreso el derecho a utilizar una ‘credencial personal e intransferible que los habilita para la libre circulación y el libre estacionamiento’. El proyecto sostiene que esta prerrogativa ‘no puede sostenerse en un contexto donde se pretende fortalecer la transparencia y la equidad en el ejercicio de la función pública’.
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