El juez que frenó la reforma laboral da marcha atrás: ¿Un cambio de rumbo en la justicia?

El cambio de rumbo

El juez laboral Raúl Horacio Ojeda, quien había suspendido parte de la Ley de Modernización Laboral a pedido de la CGT, ha decidido retroceder en uno de los puntos más sensibles: revocó la cautelar que frenaba la aplicación del artículo 55 de la ley 27.802. Este artículo regula cómo deben actualizarse los créditos laborales en los juicios en trámite y pendientes de sentencia definitiva.

La ley dispuso que los créditos provenientes de relaciones individuales de trabajo se actualicen por IPC más una tasa del 3% anual. Ese cambio fue uno de los puntos que habían quedado alcanzados por la cautelar original. Sin embargo, el juez ha explicado que, tras un nuevo análisis, ha decidido dejar sin efecto la suspensión cautelar del artículo 55 y diferir el examen de fondo para la sentencia definitiva.

La razón detrás del cambio

La razón concreta del cambio se basa en un estudio de campo realizado en la Red Académica de Jueces del Trabajo de la República Argentina. El magistrado advirtió que la cautelar que había dictado podía perjudicar justamente a los trabajadores que decía proteger. En varias jurisdicciones del país, los sistemas de actualización o las doctrinas judiciales vigentes resultarían menos favorables que el régimen previsto en el artículo 55 de la nueva ley.

Entre las provincias mencionadas se encuentran Buenos Aires, Chubut, Chaco, San Luis, Córdoba, Jujuy, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Mendoza y Tucumán. El juez ha admitido que, al menos en este punto, la suspensión general podía jugar en contra de los propios trabajadores. En otras palabras, la cautelar no era uniformemente protectoria.

Implicaciones institucionales

El episodio es llamativo desde el punto de vista institucional. La revisión de la cautelar deja expuesta una falla del diseño original. Si a los pocos días de dictar una medida de enorme impacto nacional, el propio magistrado concluye que uno de los artículos suspendidos podía beneficiar a trabajadores de varias provincias, entonces la primera resolución aparece, cuanto menos, apresurada en su alcance.

La provisionalidad de las cautelares existe precisamente para corregir errores, pero cuando la corrección llega tan rápido y sobre un tema tan central, el mensaje que queda no es de fortaleza argumental sino de inestabilidad. También hay una paradoja jurídica y política difícil de pasar por alto. La cautelar había sido celebrada por sectores sindicales y criticada por el mundo empresario por el freno a 83 artículos de la reforma.

Implicaciones para el futuro

La resolución del juez Ojeda deja una segunda señal importante. El juez aclara que, a partir de ahora, cada jurisdicción juzgará la pertinencia de la aplicación de los artículos 54 y 55 de la ley 27.802 a los juicios en trámite. Es decir, desarma la lógica uniforme que había intentado imponer con la cautelar inicial y devuelve la discusión a los tribunales de cada lugar.

Lo que antes había sido presentado como una suspensión de alcance general, ahora queda relativizado por la propia necesidad de admitir que la realidad judicial argentina no es homogénea. El mismo juzgado que había presentado la cautelar como una herramienta de resguardo general tuvo que reconocer, pocos días después, que en uno de los puntos más sensibles el remedio podía ser peor que la enfermedad.

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