Fernando Cerimedo, el consultor argentino que enfrenta una segunda prisión preventiva en Bolivia

Lead: Un tribunal de La Paz, Bolivia, confirmó este sábado una segunda medida de detención preventiva contra el estratega político argentino Fernando Cerimedo, ordenando seis meses en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, mientras se lo mantiene también en la prisión de Palmasola por una tentativa de feminicidio.

Una audiencia virtual que desató la polémica

La audiencia, que se prolongó alrededor de seis horas en formato virtual, reunió al juez Douglas Borda, al abogado defensor Ernesto Giraldes y a la Fiscalía boliviana. Durante la sesión, la defensa sostuvo que la acusación de enriquecimiento ilícito no está sustentada y que el proceso vulnera la vida del imputado, quien aseguró que su familia corre peligro si es trasladado a otro penal. Cerimedo, desde su celda en Palmasola, participó mediante videollamada y, entre lágrimas, reiteró que no huye de la justicia y que su vida ha sido arruinada por una campaña de difamación.

Los cargos que se acumulan: de feminicidio a presunto lavado de dinero

El caso ya incluye varios procesos judiciales: la tentativa de feminicidio contra su ex pareja, la abogada boliviana Nadia Beller, quien sobrevivió a tres disparos; un expediente por violencia intrafamiliar; otro por legitimación de ganancias ilícitas; y una investigación de presunto tráfico de drogas. En la última audiencia, la Fiscalía informó que en allanamientos se confiscaron 500.000 dólares en efectivo, además de euros y moneda boliviana. Cerimedo, que declara ingresos anuales de un millón de dólares como consultor de campañas, negó cualquier delito y calificó la acusación de “falsa” y “política”.

El vicepresidente en escena: ¿intento de presionar al juez?

El vicepresidente boliviano, Edmand Lara, tomó la palabra para solicitar el traslado de Cerimedo al penal de Chonchocoro, calificándolo de “mitómano” y acusándolo de ejercer una supuesta influencia sobre el Ejecutivo. Cerimedo respondió con dureza, asegurando que si realmente tuviera poder, “muchas de las cosas que pasaron en Bolivia no hubieran ocurrido”. El estratega también desmintió la existencia de un cargo oficial de “asesor principal” del presidente Rodrigo Paz, argumentando que la tarjeta con ese título era un modelo sin validez.

Vínculos con el gobierno de Paz y la reacción oficial

El vínculo entre Cerimedo y el presidente Paz se limitó a la consultoría electoral durante la segunda vuelta que llevó a Paz al poder. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, confirmó que el argentino nunca tuvo un cargo formal en la estructura estatal. Paz, por su parte, se distanció públicamente del caso, señalando que Cerimedo nunca estuvo autorizado a representar al gobierno ni a su familia.

El escándalo que sacude la política boliviana

Las acusaciones de Beller contra Cerimedo –incluyendo supuestos envíos de sicarios y sobornos a funcionarios– han generado una de las mayores crisis políticas para el gobierno de Paz. La denuncia se difundió inicialmente en TikTok y ha sido citada por varios legisladores y ministros, que ahora se ven envueltos en una trama de presuntos actos de corrupción y violencia.

Raíces del conflicto: historia de la consultoría política en Bolivia

La presencia de consultores extranjeros en campañas electorales bolivianas no es nueva; sin embargo, la figura de Cerimedo marcó un punto de inflexión al combinar estrategias digitales con una red de contactos que, según la Fiscalía, habría facilitado la circulación de fondos ilícitos. Desde los años 2000, la política boliviana ha visto la incorporación de expertos en marketing digital para moldear la opinión pública, pero pocos casos han derivado en procesos judiciales de la magnitud que se vive hoy.

El caso también refleja la complejidad del sistema judicial boliviano, donde la detención preventiva puede ser extendida bajo diferentes cargos sin una clara priorización. La falta de transparencia en la decisión del juez Borda respecto a cuál proceso prevalece ha alimentado la desconfianza ciudadana y la percepción de que la justicia puede ser utilizada como herramienta política.

Para Córdoba y el resto de Argentina, la situación plantea preguntas sobre la regulación de los consultores políticos que operan en el extranjero, la protección de sus derechos y los riesgos de involucrarse en contextos de alta tensión política. La comunidad de profesionales de la comunicación en Argentina sigue de cerca el caso, evaluando su impacto en la reputación del país y en la posibilidad de futuros intercambios laborales con gobiernos de la región.

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