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Florida pone la guillotina a William Reaves: la octava ejecución del año bajo la gestión de DeSantis

El preso de 77 años será fusilado con la polémica inyección triple mientras la Corte Suprema federal aún revisa su caso.

Florida pone la guillotina a William Reaves: la octava ejecución del año bajo la gestión de DeSantis

Lead: Este martes, a las 18:00, la Prisión Estatal de Florida, cerca de Starke, ejecutará a William Reaves, de 77 años, condenado por el asesinato del ayudante del sheriff Richard Raczkowski en 1986. La inyección letal, compuesta por tres fármacos, será la 18ª del estado en 2026 y la octava ejecución de un preso mayor de 70 años en el mismo periodo.

El caso que revivió la polémica sobre la pena de muerte en EE.UU.

El 19 de septiembre de 1986, el agente Raczkowski respondió a una llamada al 911 desde una tienda de conveniencia en Vero Beach. La pista la dio Reaves, quien había marcado el número desde un teléfono público. En el intercambio, una pistola cayó del pantalón corto del acusado, y tras una breve lucha, Reaves recuperó el arma y disparó cuatro veces al oficial, quien falleció poco después.

El juicio inicial, celebrado en 1987, concluyó con la pena capital, pero la Corte Suprema de Florida anuló la sentencia al detectar un conflicto de intereses del fiscal. Un nuevo proceso en 1992 confirmó la culpabilidad y reinstauró la condena a muerte, que ha permanecido firme pese a múltiples recursos.

El protocolo de inyección triple y sus detractores

Florida emplea una combinación de sedante, paralizante y una sustancia que detiene el corazón, un método que ha generado críticas por su complejidad y posibles sufrimientos. Los abogados de Reaves argumentaron que este esquema viola los derechos humanos y citan casos como el de Christa Pike en Tennessee, quien sobrevivió a dos dosis letales y fue trasladada a un hospital.

La defensa también señaló que el jurado que recomendó la pena de muerte desconocía la evaluación del Departamento de Asuntos de Veteranos, que calificó a Reaves con una discapacidad total por trastorno de estrés postraumático (TEPT) derivado de su servicio en la guerra de Vietnam. Más de 100 veteranos enviaron una carta al gobernador Ron DeSantis pidiendo que se suspenda la ejecución.

El contexto político y el ritmo de ejecuciones bajo DeSantis

El caso llega en el último mandato del gobernador republicano Ron DeSantis, quien ha defendido la rapidez de los procesos judiciales para dar “respuesta a las familias de las víctimas”. En 2025, Florida batió su récord anual con 19 ejecuciones, superando a cualquier otro estado. Hasta el 20 de octubre de 2026, el estado ya había ejecutado más de la mitad de las 31 muertes capitales registradas en EE.UU. durante el año.

El calendario de la pena de muerte en Florida sigue apretado: después de Reaves, el 5 de noviembre está programada la ejecución de Jesse Guardado, de 64 años, condenado por robo y homicidio en 2004. Si ambas se concretan, Florida igualará su marca de 19 ejecuciones en un solo año.

Un espejo para la discusión argentina sobre la pena de muerte

En Argentina, la pena capital está abolida desde 2008 y la Constitución prohíbe cualquier forma de castigo que implique la pérdida de la vida. Sin embargo, el caso de Reaves vuelve a encender el debate entre sectores que consideran la pena de muerte como una medida de disuasión y aquellos que la ven como una violación de derechos humanos.

Organizaciones cordobesas de derechos humanos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), han emitido comunicados alertando sobre el riesgo de que la práctica estadounidense influya en la percepción pública de la violencia estatal en América Latina. “No podemos cerrar los ojos ante una tendencia que normaliza la ejecución como respuesta al crimen”, advierten.

Además, la comunidad argentina radicada en Florida ha expresado su preocupación por la creciente ola de ejecuciones, temiendo que el clima de impunidad y la falta de recursos para la defensa legal de presos mayores de edad se traduzcan en un modelo exportable a la región. En la última reunión del Congreso de la Nación, varios legisladores propusieron reforzar los lazos de cooperación judicial para compartir buenas prácticas en la protección de los derechos de los reclusos.

Mientras tanto, en Córdoba, el caso de Reaves sirve como recordatorio de la necesidad de seguir trabajando en la reforma penal, la prevención del delito y la asistencia a veteranos de guerra, áreas donde la provincia ha invertido recursos en programas de reinserción y salud mental. La historia de Reaves, veterano de Vietnam con TEPT, subraya la importancia de abordar el trauma post‑bélico antes de que se convierta en violencia.

En definitiva, la ejecución de William Reaves no solo marca un episodio más en la crónica de la pena de muerte en Florida, sino que también plantea preguntas cruciales para la sociedad argentina sobre justicia, derechos humanos y la manera en que respondemos a los crímenes graves sin perder la humanidad.

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