Identan a Alejandro Jerez, 30.º desaparecido hallado en la fosa de La Perla

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó este lunes la identificación de Alejandro Ernesto Jerez Bodereau, secuestrado a los 22 años junto a su pareja embarazada. Con este hallazgo se suman 30 las personas desaparecidas que ya fueron identificadas en los terrenos donde funcionó el ex‑centro clandestino de detención conocido como La Perla, en la zona de Loma del Torito, dentro de la reserva natural militar La Calera.

El hallazgo y su proceso científico

Los restos óseos fueron recuperados en una fosa común de grandes dimensiones que los investigadores localizaron en 2025 mediante técnicas de prospección geofísica y drones de alta resolución. Una vez extraídos, los fragmentos fueron enviados al Laboratorio de Genética Forense del EAAF, donde se compararon con muestras de referencia aportadas por familiares y con perfiles del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). La coincidencia genética fue contundente y la familia de Jerez Bodereau recibió la notificación oficial del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, a cargo del juez Hugo Vaca Narvaja.

El proceso no solo implicó la ciencia de última generación, sino también la coordinación de varios organismos: los departamentos de Geología de las universidades nacionales de Río Cuarto y Córdoba, el Servicio de Antropología Forense del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial cordobés, y la Municipalidad de Córdoba, que aportó recursos logísticos y apoyo en terreno.

Quién fue Alejandro Jerez y la tragedia de su familia

Alejandro Jerez Bodereau nació el 30 de julio de 1953 en la Ciudad de Buenos Aires, pero se radicó en Córdoba para estudiar y laburar. En 1975 ingresó a la Universidad Nacional de Córdoba, donde cursaba los primeros años de la carrera de Psicología, mientras trabajaba en la planta automotriz IKA‑Renault. Tenía una hija pequeña, María Alejandra, y una relación con Susana Noemí Huarte Martínez, de 21 años, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y de Política Obrera.

El 5 de mayo de 1976, la pareja fue arrancada de su pensión en el barrio Alberdi bajo el pretexto de una supuesta “operación contra la subversión”. Susana, conocida como “La Pato”, estaba embarazada de aproximadamente dos meses y medio. Los testimonios de sobrevivientes y de la familia indican que la joven quedó bajo custodia de la dictadura y que su hijo o hija habría nacido en cautiverio entre noviembre y diciembre de 1976, sin que jamás se haya localizado al recién nacido. Hasta hoy, la Abadía de Plaza de Mayo sigue buscando al menor desaparecido.

La desaparición de Alejandro y su pareja marcó una herida profunda en la comunidad cordobesa. Su familia, que todavía conserva la esperanza de reencontrarse con el nieto perdido, ha colaborado con el EAAF aportando muestras de sangre y manteniendo viva la memoria del joven que, a sus 22 años, soñaba con ejercer la psicología y contribuir al desarrollo social de la provincia.

La fosa de Loma del Torito y la larga investigación

La zona de Loma del Torito, ubicada dentro de la reserva militar La Calera, se convirtió en el epicentro de una de las excavaciones más extensas de la historia reciente de Córdoba. Desde 2003, cuando el EAAF inició bajo orden judicial la exhumación de restos del cementerio San Vicente, se ha trabajado sin descanso para desenterrar la verdad. En 2025, la combinación de sonar de penetración y escáneres 3D reveló la existencia de una fosa de grandes dimensiones, que resultó ser un depósito clandestino de cuerpos ejecutados por la dictadura.

Hasta la fecha, se han recuperado cientos de fragmentos óseos; de ellos, 30 ya fueron identificados mediante ADN, mientras que cinco permanecen sin poder asignar a una persona concreta. El proceso de identificación es lento y delicado: cada fragmento requiere limpieza, catalogación y análisis genético, y la coincidencia depende de la disponibilidad de muestras de familiares que, muchas veces, aún no se han presentado.

La Perla: centro clandestino y su legado

La Perla, uno de los principales centros clandestinos de detención que operó en Córdoba durante la última dictadura militar (1976‑1983), funcionó como una verdadera fábrica de terror. Se estima que allí fueron torturados y ejecutados cientos de jóvenes militantes, estudiantes y obreros. La ubicación estratégica del recinto, cerca de la zona militar y de rutas de escape, facilitó la práctica de desapariciones forzadas sin dejar rastro.

Investigaciones judiciales y la labor de organizaciones de derechos humanos han revelado que, en 1979, ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el régimen intentó ocultar la evidencia trasladando restos de víctimas a fosas como la de Loma del Torito. Ese intento de “borrar la pista” ha sido frustrado por el trabajo incansable de equipos forenses y de la sociedad civil, que hoy celebran cada identificación como una victoria moral y jurídica.

El hallazgo de Alejandro Jerez no solo suma un número más a la lista de víctimas identificadas, sino que también reabre la discusión sobre la necesidad de seguir impulsando la búsqueda de los desaparecidos y de garantizar que los responsables de estos crímenes nunca queden impunes.

Eco de la memoria: cómo Córdoba revive la historia de La Perla

La identificación de Alejandro Jerez llega en un momento en que la provincia de Córdoba está renovando su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia. Escuelas, universidades y centros culturales han incorporado la historia de La Perla en sus programas educativos, promoviendo debates y talleres que invitan a los jóvenes a reflexionar sobre el pasado y a evitar que se repita.

Además, la Municipalidad de Córdoba ha destinado recursos para la señalización del sitio histórico y para la construcción de un memorial que honre a todas las víctimas. La iniciativa, impulsada por la sociedad civil y apoyada por el gobierno provincial, busca transformar un lugar de horror en un espacio de recuerdo y aprendizaje.

En el plano judicial, el Juzgado Federal N° 3 continúa avanzando en los procesos contra los responsables del centro clandestino. Cada identificación alimenta la evidencia que los fiscales utilizan para presentar cargos y para solicitar la reparación integral a los familiares. La esperanza es que, con el tiempo, la lista de desaparecidos identificados siga creciendo y que la justicia alcance a quienes perpetraron la violencia estatal.

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