La AFA se defiende: desestima críticas del Gobierno y asegura que no hubo irregularidades
La AFA desestima críticas del Gobierno y asegura que no hubo irregularidades en sus balances
El cruce entre la AFA y el Gobierno
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) respondió a la intimación de la Inspección General de Justicia (IGJ), intensificando la disputa entre ambas instituciones. La IGJ, liderada por Daniel Roque Vítolo, exige explicaciones detalladas sobre partidas globales en los estados contables de la AFA y la Liga Profesional de Fútbol que superan los USD 450 millones.
La AFA, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, sostiene que todos los balances requeridos fueron presentados y que no existe ningún incumplimiento. La entidad presentó un descargo formal respecto de sus ejercicios contables de 2017 a 2023, enfatizando que el objetivo es clarificar la situación con las asociaciones socias y el público.
La posición de la AFA
La AFA recalca su disposición al cumplimiento institucional y rechaza las acusaciones de maniobras evasivas. La entidad argumenta que la mayoría de las observaciones a los balances no le fue notificada formalmente y que varias vistas fueron archivadas sin un procedimiento concreto.
La AFA también cuestiona el cambio de jurisdicción, realizado desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia la Provincia de Buenos Aires, y sostiene que se realizó conforme a la normativa y bajo supervisión oficial.
La respuesta de la IGJ
La IGJ, por su parte, sostiene que la magnitud y la falta de detalle en partidas globales requieren un análisis adicional, tanto de la AFA como de los auditores externos involucrados en la validación de los balances. El inspector general, Daniel Roque Vítolo, advirtió que si la AFA no da respuesta satisfactoria antes del 20 de enero de 2026, propondrá al Ministerio de Justicia la designación de un veedor contable.
El conflicto político y judicial
La AFA reitera estar dispuesta a responder por los canales institucionales y sostiene que el uso mediático de la causa desvirtúa la legalidad del proceso. La entidad recalca que las acusaciones públicas carecen de prueba documental y contradicen los propios actos administrativos previos del organismo estatal.
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