La Justicia da un golpe decisivo: decomisan bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez por fraude en Vialidad
La Sala IV de Casación Federal confirma el decomiso en la causa Vialidad y ordena la ejecución de los bienes de Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez
Un fallo histórico
La Sala IV de Casación Federal ha tomado una decisión sin precedentes, confirmado el decomiso en la causa Vialidad y ordenando la ejecución de los bienes de Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y Lázaro Báez. Esta resolución marca un hito en la lucha contra la corrupción en Argentina, ya que establece que los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados incluso si han sido transferidos a terceros o heredados.
El criterio clave
El presidente de la sala IV de Casación, Gustavo Hornos, sostuvo que el decomiso no puede quedar en una mera declaración abstracta, sino que debe traducirse en la recuperación real y efectiva de los activos provenientes del delito. Esta postura refleja la determinación de la justicia para hacer frente a la corrupción y garantizar que aquellos que se beneficiaron de maniobras ilícitas no puedan conservar las ventajas económicas obtenidas.
La ejecución del decomiso
La medida alcanza a los activos de Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez, así como a bienes de empresas que fueron consideradas instrumentos fundamentales de la maniobra de corrupción, como Austral Construcciones y otras firmas vinculadas. También se dispuso el decomiso de bienes que habían sido transferidos por vía hereditaria a Máximo Kirchner y Florencia Kirchner. El fiscal ante la Casación, Mario Villar, había opinado que todas las personas que tengan alguna reivindicación deberían acudir a un proceso civil o administrativo, sin que se postergue el decomiso que incluye la sentencia del TOF 2.
La posición de los jueces
El juez Diego Barroetaveña acompañó el criterio de Hornos, según el cual la ejecución debe alcanzar el conjunto del patrimonio ilícito generado por la maniobra, incluyendo bienes en cabeza de los condenados y aquellos transferidos a terceros. Por su parte, el juez Mariano Borinsky votó en disidencia parcial, cuestionando la extensión del decomiso sobre los bienes que no tengan acreditado de manera suficiente una vinculación directa con el delito. Propuso excluir del decomiso los bienes heredados por Máximo y Florencia Kirchner, al considerarlos ajenos al reproche penal.
Los recursos de Casación
Los recursos de Casación fueron planteados por los abogados de Cristina Kirchner, Lázaro Báez, Nelson Periotti, Raúl Pavesi y los representantes legales de Máximo y Florencia Kirchner. En el caso de las defensas, se opusieron a que se realicen las subastas, porque sostuvieron que los bienes indicados por los fiscales no fueron incorporados al patrimonio en la época de los hechos sentenciados. Florencia y Máximo Kirchner objetaron que sus propiedades vayan a remate porque aludieron que son ajenos a la causa Vialidad y, además, ellos no fueron condenados.
El Ministerio Público Fiscal
El Ministerio Público Fiscal solicitó rematar los bienes de Máximo y Florencia Kirchner porque, al momento de los hechos, integraban el patrimonio de Néstor y Cristina Kirchner, más allá de que luego hayan sido cedidos a sus hijos. En su momento, las discrepancias de los condenados fueron rechazadas por el Tribunal Oral Federal 2, pero Cristina Kirchner apeló y el incidente llegó a la Cámara Federal de Casación.
La sentencia del Tribunal Oral Federal 2
El Tribunal Oral Federal 2 dispuso el decomiso y remate de bienes de los condenados en la causa Vialidad hasta cubrir la suma actualizada de $684.990.350.139,86. Las propiedades atribuidas a Cristina Fernández de Kirchner y a Lázaro Báez suman 141 inmuebles, incluido el departamento ubicado en San José 1111, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria. También detectaron 46 vehículos, US$4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, US$992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia y otros $53.280,24.
La condena de Cristina Kirchner
Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El resto de los condenados son el empresario Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López, el extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, y los exfuncionarios de Vialidad Santa Cruz Raúl Pavesi, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe.
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