La Reforma de la Ley de Glaciares: Un Paso Hacia la Protección Ambiental o un Retroceso para el Medio Ambiente
La reforma de la Ley de Glaciares genera debate y preocupación en el país
El Contexto de la Reforma
La reciente sanción de la reforma de la Ley de Glaciares marca un hito significativo en la discusión sobre la protección de estas zonas y de las áreas periglaciares en el país. La Ley 26.639, que regulaba la preservación de estos cuerpos de hielo considerados reservas estratégicas de recursos hídricos, ha sido objeto de debate y reclamos por parte de distritos con desarrollo minero.
La reforma, que obtuvo 137 votos a favor y 111 en contra, más tres abstenciones, introduce cambios significativos en la protección de las zonas periglaciares y los glaciares de escombros. Uno de los principales cambios aprobados gira en torno a otorgarle un mayor margen a las provincias para definir sus propios criterios de protección, lo que ha generado cuestionamientos de expertos y organizaciones ambientales.
La Protección de las Zonas Periglaciares
La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, estableció los presupuestos mínimos para la protección de estos bloques de hielo naturales. La norma original los definió como bienes públicos, destinados a la conservación del agua para consumo, la recarga de cuencas hidrográficas, la protección de la biodiversidad, el desarrollo de actividades científicas y el turismo.
La reforma introduce un cambio en el enfoque de la protección legal sobre las zonas periglaciares y los glaciares de escombros, áreas en las que se concentran reservas clave de agua y que coinciden, en muchos casos, con territorios de alto potencial para la actividad minera. Mientras que la normativa anterior establecía una protección amplia, el proyecto sancionado plantea limitarla únicamente a aquellos que cumplan una “función hídrica comprobada o relevante”.
Implicaciones de la Reforma
Este cambio implica que solo las áreas que sean consideradas estratégicas para el recurso hídrico quedarían bajo resguardo estricto. En consecuencia, el texto habilita la posibilidad de autorizar actividades productivas y extractivas en zonas que la ley original protegía de manera general. Esto ha generado cuestionamientos de expertos y organizaciones ambientales, que advierten sobre los riesgos de permitir intervenciones en regiones fundamentales para la seguridad de los reservorios de agua dulce del país.
Por su parte, el Ejecutivo argumentó que la reforma ordenará el marco normativo, eliminará interpretaciones arbitrarias y fortalecerá el federalismo ambiental, permitiendo que las provincias asuman mayor protagonismo en la gestión de sus recursos. Sin embargo, la oposición y los sectores ambientales han expresado su preocupación por la posible afectación de la protección ambiental y la seguridad hídrica del país.
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