La sombra de la AFA: el juez que rechazó la prisión de Tapia y su vinculación con el poder político
El juez que rechazó la prisión de Tapia tiene vínculos con el poder político y fue apartado de la causa
El caso que sacudió la Justicia
La Cámara Federal de Tucumán decidió apartar al juez federal Sebastián Argibay de la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos y asociación ilícita en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La resolución benefició a los dirigentes del fútbol local, Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviginno, quienes habían sido objeto de un pedido de detención por parte del fiscal federal Pedro Simón.
Un fallo polémico
El juez Argibay había rechazado el pedido de detención horas antes de ser recusado por la Cámara Federal de Tucumán. Luego, declaró la incompetencia del Juzgado Federal N° 2 de Santiago del Estero para investigar el caso y remitió el expediente al Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. Según fuentes del caso, cuando firmó el fallo, el juez “no había sido notificado formalmente” de la recusación.
La conexión con el poder político
El fiscal Pedro Simón había solicitado la recusación de Argibay al argumentar que su hija, María del Pilar Argibay Lapalma, vendió un inmueble a Darío Toviggino y Rosalía Argañaraz, el denominado Lote “W-1”. Según la fiscalía, el dinero utilizado para adquirir esa propiedad habría tenido un origen ilícito, y está conectado al circuito que se investiga.
Un magistrado con vínculos políticos
Sebastián Argibay fue designado como magistrado del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº2 de Santiago del Estero en 2018, cuando se aprobó su pliego en el Senado de la Nación. La propuesta para ese cargo llegó, primero, por el impulso del gobierno de Mauricio Macri, en particular, con el aval del entonces ministro de Justicia, Germán Garavano.
La causa que investiga a la AFA
La causa que investiga a la AFA busca determinar si “Chiqui” Tapia, Pablo Toviginno, junto a otros dirigentes, realizaron maniobras de desvío de fondos públicos y lavado de activos, vinculadas alternativamente con hechos de defraudación de la entidad deportiva, evasión tributaria y operaciones cambiarias irregulares. El expediente abarca operaciones por cifras millonarias detectadas en movimientos bancarios y compra de bienes.
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