Llaryora Presenta Ley Antibúnker y Antiaguantadero: Una Herramienta para Fortalecer la Seguridad en Córdoba

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, presentó el proyecto de Ley Antibúnker y Antiaguantadero, una iniciativa que busca dotar al Estado provincial de herramientas para intervenir inmuebles utilizados para la comercialización de drogas y actividades delictivas. La presentación se llevó a cabo en la sala Sonia Torres del Centro Cívico del Bicentenario y contó con la presencia de los ministros de Justicia y Trabajo, Julián López, y de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

La ley propuesta contempla la creación de un régimen administrativo y judicial específico para actuar de manera temprana sobre inmuebles identificados como búnkeres de venta de drogas, aguantaderos o guaridas del delito, así como sobre edificios abandonados o deteriorados que favorezcan la comisión de hechos delictivos y afecten la convivencia ciudadana. El proyecto también establece un esquema para la administración de los recursos provenientes de bienes decomisados en causas vinculadas al narcotráfico.

Alcances de la iniciativa

La iniciativa busca impedir que los inmuebles utilizados para actividades ilícitas vuelvan a convertirse en focos del delito. Para lograr esto, se prevén inspecciones, informes técnicos y resoluciones fundadas que habilitarán medidas preventivas como cerramientos, clausuras provisorias, tapiados, bloqueos de accesos, custodia o aseguramiento de los inmuebles, siempre respetando las competencias judiciales y el debido proceso.

El proyecto de ley también invita a municipios y comunas a adherir al nuevo régimen y a suscribir convenios de cooperación con la Provincia para facilitar la intervención y recuperación de inmuebles utilizados por organizaciones criminales, promoviendo una estrategia conjunta para fortalecer la seguridad y mejorar la convivencia en los distintos barrios de Córdoba.

Trabajo articulado

La iniciativa contempla la creación de la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y del Registro Provincial de Bienes Intervenidos, organismos que permitirán fortalecer la articulación entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y Trabajo, el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), la Policía de Córdoba y los gobiernos locales.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, destacó que la iniciativa fortalece la articulación al brindar herramientas para que la Legislatura, la Justicia y el Poder Ejecutivo actúen de manera coordinada frente al narcotráfico y el crimen organizado. También se mencionó que el 60 por ciento de los recursos provenientes de bienes decomisados será destinado al fortalecimiento operativo, logístico, tecnológico y de equipamiento de la FPA, mientras que el 40 por ciento restante financiará programas de prevención y abordaje integral de las adicciones impulsados por el Ministerio de Justicia y Trabajo.

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