Milei acelera la reforma laboral: el Gobierno busca consenso con gobernadores

El presidente Javier Milei ordenó a sus principales asesores políticos acelerar las negociaciones para impulsar la reforma laboral en el Congreso. El proyecto de Modernización Laboral es uno de los cinco puntos que la Casa Rosada priorizó para tratar en las sesiones extraordinarias de febrero.

La búsqueda del consenso

Aunque el proyecto ya obtuvo dictamen en comisiones del Senado, todavía hay puntos que no tienen el consenso de muchos gobernadores, quienes controlan bancas en el Senado y la Cámara de Diputados. El oficialismo no planea convocar una sesión de inmediato, y se espera que la reforma laboral se trate en el Senado el miércoles 11 de febrero.

La Mesa Política en acción

La coordinación entre diferentes áreas del oficialismo se lleva a cabo en la Mesa Política, integrada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

El debate central

El debate central está enfocado en el impacto fiscal de la propuesta, especialmente por la reducción de las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para sociedades, que afecta ingresos coparticipables. El Gobierno plantea que la rebaja tendrá un costo fiscal del 0,65% del PBI, que recaerá en un 0,5 puntos para Nación y 0,15 puntos en las provincias.

Posibles soluciones

Algunos gobernadores creen que el Gobierno tiene dos vías claras para proponer: armar un esquema de compensación a las provincias por la caída de recursos debido a la caída real de los fondos coparticipables, o morigerar el impacto de la reforma a través de una cobertura temporal de Nación.

La intransigencia en el plano de lo fiscal podría tener sus excepciones para poder movilizar el proyecto de ley. El propio ministro Santilli reconoció que a los gobernadores les convenía asumir ese costo porque con el aumento de la actividad y la formalización de los empleados se podían ver recompensados.

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