Nueva Ley de Discapacidad: el Gobierno busca restringir beneficios y endurecer condiciones
El gobierno nacional envió un proyecto de ley para modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad, lo que podría afectar a miles de personas con discapacidad
El contexto político
En medio de la crisis política que generó el supuesto pago de coimas que se está investigando y que llevó a la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el gobierno nacional envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley para modificar sustancialmente la Ley de Emergencia en Discapacidad. El proyecto, denominado “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, busca redefinir los criterios para acceder a la ayuda estatal y restringir los beneficios que se otorgan a las personas con discapacidad.
Los cambios propuestos
El proyecto de ley propone derogar varios artículos de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793, lo que retrotraería la legislación a un estado anterior a la emergencia. Entre los cambios propuestos se encuentra la eliminación de la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio, endureciendo una de las condiciones actuales. Además, se elimina la posibilidad de que las organizaciones reciban beneficios por contratar personas con discapacidad.
Reempadronamiento obligatorio
El proyecto de ley establece que todos los titulares de pensiones por invalidez deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. Aquellos que no lo hagan sufrirán una suspensión automática de la pensión y la pérdida del beneficio. Además, se propone un proceso de fiscalización de los pedidos de pensión que incluirá cruce de información entre la ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos públicos.
Financiamiento y organización del sistema
El proyecto autoriza convenios entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la administración y distribución de fondos. Esto eliminaría virtualmente el nomenclador y desregularía la negociación por obra social o prepaga. La comparación con la legislación vigente arroja diferencias de fondo, ya que el proyecto retrotrae todo a un estado anterior al de la emergencia.
Impacto en las personas con discapacidad
La iniciativa oficial contempla que el incumplimiento de los plazos y requisitos del reempadronamiento dará lugar a la suspensión y posterior baja del beneficio. Esto podría afectar a miles de personas con discapacidad que actualmente reciben beneficios. La eliminación de la posibilidad de acceder a un trabajo registrado y mantener el beneficio también podría tener un impacto negativo en la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
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