Operativos en Río Segundo y San Justo: Cerran depósito de pesticidas ilegales

El Ministerio de Bioagroindustria, en coordinación con los Juzgados Federales de Villa María y San Francisco, concluyó una serie de allanamientos en Pozo del Molle y Sacanta, donde se detectaron productos fitosanitarios adulterados y sin la debida trazabilidad. La acción, realizada bajo las órdenes judiciales, culminó con la clausura de un depósito no habilitado y la interdicción de sustancias prohibidas destinadas a la comercialización en la provincia.

Alcance del operativo y hallazgos

Los agentes de la Dirección General de Fiscalización y Control se desplazaron a los dos puntos críticos, Pozo del Molle en el departamento Río Segundo y Sacanta en San Justo, donde se inspeccionaron varios establecimientos agropecuarios. En ambos lugares se identificó la presencia de productos con etiquetado apócrifo, mezclas de químicos sin registro y, lo más alarmante, la elaboración de pesticidas con composiciones desconocidas y sin la documentación que las respalde.

Entre los hallazgos se contó con la detección de sustancias prohibidas, como ciertos herbicidas de amplio espectro que están fuera de la normativa argentina, y la constatación de un depósito que, además de albergar estos productos, carecía de la habilitación requerida por la autoridad sanitaria. La ausencia de trazabilidad y la falta de registro de los lotes generan un riesgo significativo para la salud de los productores y la seguridad alimentaria.

Impacto en la comunidad agrícola de Río Segundo

Río Segundo es una zona de intensa actividad agrícola, donde el cultivo de soja, maíz y trigo representa la columna vertebral de la economía local. El descubrimiento de pesticidas ilegales en la región amenaza no solo la productividad, sino también la reputación de los productores cordobeses ante los mercados nacionales e internacionales, que cada vez exigen mayores estándares de trazabilidad y cumplimiento normativo.

Para los agricultores de Pozo del Molle, la clausura del depósito significa la pérdida de un punto de venta y la imposibilidad de abastecerse de químicos de forma legal, lo que puede traducirse en un aumento de costos y la necesidad de buscar alternativas más seguras. Al mismo tiempo, el operativo refuerza la confianza de la comunidad en las instituciones que velan por la integridad de la cadena agroalimentaria.

Medidas correctivas y la ruta hacia la trazabilidad

Conforme a las disposiciones judiciales, se ordenó la clausura inmediata del depósito no habilitado y la incautación de los productos prohibidos. Estos materiales, junto con los registros de las actividades constatadas, fueron entregados a la autoridad judicial para su evaluación y posterior acción penal.

El Ministerio de Bioagroindustria ha reforzado su colaboración con organismos judiciales y de seguridad, estableciendo protocolos de inspección más rigurosos y promoviendo la capacitación de los productores en buenas prácticas de manejo de fitosanitarios. Asimismo, se están implementando sistemas de trazabilidad digital que permitirán a los agricultores registrar la procedencia y el uso de cada producto, reduciendo la posibilidad de recurrir a químicos ilícitos.

Raíces de la regulación en la provincia

La lucha contra la adulteración de pesticidas no es una cuestión reciente en Córdoba. Desde la creación del Ministerio de Bioagroindustria, en la década de 2000, el gobierno provincial ha impulsado una serie de normativas que buscan proteger tanto a la población como al medio ambiente. La Ley de Bioseguridad Agropecuaria, aprobada en 2012, estableció los requisitos de registro y control de fitosanitarios, mientras que la Ley de Responsabilidad Ambiental, sancionada en 2015, introdujo sanciones más severas para quienes infrinjan las normas.

El caso de Pozo del Molle y Sacanta representa un hito importante en la aplicación práctica de estas leyes. Los allanamientos, coordinados con la justicia federal, demuestran la capacidad de las autoridades para actuar con rapidez y eficacia frente a prácticas ilegales que amenazan la cadena alimentaria y la economía rural.

Este operativo también sirve como recordatorio de la importancia de la vigilancia constante y de la participación activa de la comunidad. Los agricultores, los comerciantes y los consumidores de Córdoba tienen un papel crucial en la denuncia de irregularidades y en la promoción de prácticas sostenibles y seguras.

Explora más noticias en nuestra sección: Córdoba