66 familias del noroeste cordobés reciben la tan esperada resolución posesoría

El Ministerio de Justicia y Trabajo de la Provincia de Córdoba entregó, en una emotiva jornada, resoluciones posesorías a 66 familias que culminaron el trámite ante la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos. El acto, realizado en la sede del IPEM 154, reunió a autoridades provinciales, comunales y a los vecinos beneficiados de Chancaní, Salsacate, Tala Cañada y Villa Viso.

Una política pública que se vuelve realidad en cada rincón

La entrega de títulos de posesión se inscribe dentro de la Ley 9150, sancionada en 2004, que busca brindar sustento jurídico a los poseedores de buena fe que, por falta de documentación, vivían en la vulnerabilidad. La normativa, concebida para proteger a los poseedores ancestrales del norte y noroeste cordobés, se ha convertido en una herramienta esencial para garantizar la seguridad jurídica de los hogares que, durante años, han trabajado la tierra sin el respaldo legal necesario.

Federico García Aspitia, secretario de Gestión Institucional Territorial, resaltó que “seguimos llegando a cada rincón de Córdoba para acompañar a las familias y dar respuestas concretas”. En la ceremonia, la presidenta comunal de Chancaní, Alejandra Domínguez, recibió a los representantes del Ministerio y felicitó a los vecinos por “este paso tan importante que les brinda tranquilidad y seguridad sobre sus tierras”.

El recorrido de los trámites: de la solicitud al título

El proceso de saneamiento de títulos, gestionado por la Unidad Ejecutora, comienza con la presentación de la solicitud y la acreditación de la posesión prolongada. Luego, la unidad, en coordinación con municipios y comunas, verifica la documentación, realiza visitas de campo y, finalmente, emite la resolución posesoría. Ese documento permite inscribir la vivienda o el terreno en el Registro Personal de Poseedores, otorgando publicidad y efectividad a la posesión y, sobre todo, una garantía de que la propiedad quedará protegida para las generaciones futuras.

En la jornada de este viernes, García Aspitia, acompañado del legislador Jorge Heredia, entregó personalmente las resoluciones a tres familias de Salsacate, dos de Tala Cañada y una de Villa Viso. Cada entrega fue acompañada de un breve recorrido por los hogares, donde los vecinos expresaron su agradecimiento y la sensación de haber superado una barrera que los mantenía en la incertidumbre.

Impacto económico y social en el territorio

Contar con la posesión formalizada no solo representa tranquilidad emocional; también abre la puerta a posibilidades de inversión, acceso a créditos y a la formalización de mejoras en la vivienda. En comunidades donde la economía depende en gran medida de la agricultura familiar y del turismo rural, disponer de un título de posesión se traduce en mayor capacidad para negociar, vender o hipotecar bajo condiciones justas.

Además, la seguridad jurídica fortalece la cohesión social. Las familias ahora pueden planificar a largo plazo, invertir en mejoras de infraestructura y, sobre todo, transmitir la tierra a sus hijos sin el temor de perderla por cuestiones legales. Este avance se alinea con la estrategia provincial de reducir la vulnerabilidad de los pobladores del interior y de impulsar el desarrollo sostenible de las zonas rurales.

Un paso más en la expansión de la política de saneamiento

Desde sus inicios en el norte provincial, la política de saneamiento de títulos ha sido ampliada gradualmente a todo el territorio cordobés. La entrega de estas 66 resoluciones marca un hito importante en la consolidación de la iniciativa, demostrando que la provincia está comprometida con la igualdad de derechos territoriales, independientemente de la ubicación geográfica.

El acompañamiento continuo de los gobiernos municipales y de la Unidad Ejecutora es clave para que el proceso siga siendo ágil y accesible. La experiencia de Chancaní y sus alrededores sirve de modelo para otras comunas que aún están en la fase de tramitación.

Raíces de la seguridad jurídica en el noroeste

El origen de la Ley 9150 se remonta a la necesidad de reconocer a los pobladores que, desde la colonización de la sierra, han trabajado la tierra sin títulos formales. En los años noventa, la falta de documentación generó conflictos de tierras y una creciente sensación de inseguridad entre los habitantes del norte cordobés. La sanción de la ley en 2004 buscó reparar esa brecha, proporcionando un marco legal que reconociera la posesión de buena fe y que, a su vez, evitara la especulación sobre terrenos sin dueño registrado.

Durante la última década, la política ha evolucionado, incorporando nuevas tecnologías de registro y fortaleciendo la coordinación interinstitucional. El Registro Personal de Poseedores, ahora digitalizado, permite a los ciudadanos consultar su situación jurídica en línea, reduciendo los tiempos de espera y facilitando la transparencia del proceso.

Hoy, la entrega de resoluciones en Chancaní, Salsacate, Tala Cañada y Villa Viso no solo celebra un logro puntual, sino que reafirma la visión de una Córdoba donde cada familia, sin importar su ubicación, pueda contar con la certeza legal que le permita construir su futuro con tranquilidad.

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