Mundo

EE.UU. denuncia a Irán por usar la pena de muerte como arma contra manifestantes

EE.UU. denuncia a Irán por usar la pena de muerte como arma contra manifestantes

El Departamento de Estado de Estados Unidos acusó este viernes a las autoridades iraníes de emplear sentencias de muerte para intimidar a los ciudadanos que salen a la calle exigiendo derechos básicos y alivio de la profunda crisis económica que atraviesa el país. En un mensaje publicado en su cuenta persa de X, la dependencia estadounidense subrayó que Teherán prefiere la horca antes que atender las demandas legítimas de su población.

Patrón de represión judicial contra la disidencia

Según el comunicado oficial, el régimen iraní ha instaurado un “patrón de represión judicial” que se activa cada vez que los manifestantes alzan la voz por sus condiciones de vida. El texto del Departamento de Estado señala que, cuando la gente sale a las calles para exigir sus derechos básicos y un respiro de las presiones económicas insoportables, el gobierno responde ejecutando apresuradamente sentencias de muerte y presentando cargos severos y represivos.

Como ejemplo de esta práctica, el comunicado citó las condenas a muerte dictadas contra los manifestantes Amir Delshad, Matin Shabani y Arman Marefati, resaltando que el poder judicial iraní se utiliza como herramienta para infundir miedo. El mensaje estadounidense añadió que tratar la libre expresión como delito capital evidencia la incapacidad del gobierno de Irán para responder a los reclamos de la población.

Cifras alarmantes de ejecuciones y sentencias de muerte

El Departamento de State informó que las autoridades iraníes anunciaron la ejecución de más de 730 personas desde fines de diciembre de 2025, la mayoría tras lo que calificó como juicios amañados. Un recuento elaborado a partir de informes de organismos de derechos humanos indica que, entre el 1 de enero y el 18 de noviembre, al menos 1 158 personas fueron ejecutadas en el país, cifra que incluye ejecuciones que las autoridades nunca anunciaron oficialmente.

Iran Human Rights, un monitor con sede en Noruega, informó el lunes que al menos 39 hombres fueron ejecutados en relación con las protestas de enero y que al menos 121 personas detenidas durante esas manifestaciones permanecen bajo sentencia de muerte. Entre los ejecutados figuran Hassan Dioband, Hamid Kazemi y Reza Zangeneh, ahorcados el 8 de noviembre por protestas ocurridas en Karaj, al oeste de Teherán.

Investigaciones y contexto de las ejecuciones

Una investigación de Iran International publicada en octubre mostró que Irán ejecutó a casi dos personas por semana en causas políticas y de seguridad desde las protestas de enero, incluidos casos vinculados a las manifestaciones y a los conflictos bélicos recientes. La misma investigación señaló que otras 190 personas enfrentan sentencias de muerte.

Entre el 7 de enero y el 5 de octubre fueron ejecutadas al menos 70 personas, según la investigación de Iran International. Organizaciones de derechos humanos y activistas sostienen que estas cifras representan totales mínimos, ya que solo contabilizan los casos que han sido reportados y verificados. De esas 70 ejecuciones, 35 correspondieron a causas vinculadas con las protestas de enero, nueve a casos relacionados con las guerras de 12 y 40 días, y las 26 restantes a otras causas políticas y de seguridad.

Eco de la represión: antecedentes de la política judicial iraní

La práctica de emplear la pena capital como método de control social no es nueva en Irán, pero la intensificación de las ejecuciones tras las protestas de enero marca un punto de inflexión que ha llamado la atención de la comunidad internacional. Los organismos de derechos humanos han documentado durante años juicios que carecen de garantías procesales, lo que refuerza la percepción de que el sistema judicial sirve como brazo represivo del poder político.

En el contexto de la crisis económica que arrastra al país, la estrategia de “intimidar con la horca” busca desalentar la movilización popular y mantener el control del poder. Sin embargo, la respuesta de EE.UU. y la difusión de los datos de ejecución a través de plataformas internacionales generan presión diplomática y exponen la situación a la opinión pública global.

Para la sociedad civil iraní, la amenaza de la pena de muerte sigue siendo un obstáculo formidable para la expresión libre y la organización de protestas. Las cifras presentadas por los grupos de derechos humanos revelan que, pese a la cobertura mediática limitada, la ola de ejecuciones continúa alimentando un clima de temor que dificulta la reivindicación de derechos básicos.

Artículos relacionados

Volver al botón superior
📻
EN VIVO