Alquileres en Córdoba: una de cada tres consultas a la Defensoría son por vivienda

Río Cuarto, 2 de octubre 2024 – La Defensoría del Pueblo de Córdoba reveló que el 40 % de los cordobeses no cuenta con posibilidades reales de acceder a una vivienda digna y que, en su Centro Público de Mediación Comunitaria, una de cada tres consultas recibidas está directamente vinculada al tema de los alquileres. Los datos fueron presentados durante el II Plenario de la Asociación de Defensoras y Defensores de la República Argentina (ADPRA), celebrado los días 1 y 2 de octubre en Río Cuarto, y ponen en evidencia una crisis habitacional que afecta a familias, jóvenes y adultos mayores por igual.

El panorama habitacional que preocupa a la Defensoría

El relevamiento elaborado por el Centro Público de Mediación Comunitaria muestra que el acceso a la vivienda se ha convertido en el conflicto más recurrente entre los usuarios que buscan la defensa de sus derechos. Según la coordinadora del área, Mónica Cornaglia, el alza sostenida de los precios de los alquileres, sumada a la pérdida de puestos de trabajo y a la dificultad para cumplir con los pagos, está generando una ola de exclusión territorial. “Cuando la gente no puede pagar el alquiler, termina desplazándose a barrios más alejados o, peor aún, quedándose en la calle”, advirtió Cornaglia durante su intervención.

Este escenario se vuelve aún más crítico al considerar que la casi mitad de la población cordobesa vive bajo la línea de pobreza habitacional, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La falta de viviendas asequibles no solo impacta la calidad de vida, sino que repercute en la salud mental, la educación de los niños y la capacidad de los adultos para mantener un empleo estable.

Jubilaciones, discapacidad y ciberseguridad: otros ejes del plenario

Además del foco en la vivienda, la delegación cordobesa presentó la Canasta de Personas Mayores, que revela que la jubilación mínima cubre apenas el 69 % del costo total de la canasta, excluyendo los alquileres. Este dato subraya la vulnerabilidad de los adultos mayores frente a los precios crecientes del alquiler, que pueden consumir gran parte de sus ingresos.

Otro informe importante fue el diagnóstico sobre la crisis del sector de la discapacidad. Se constató que la falta de cobertura médica adecuada, la escasez de turnos y la insuficiencia de prestaciones generan una carga adicional para las familias y los trabajadores del sector. La Defensoría destacó la necesidad de políticas públicas que garanticen la accesibilidad y la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

En materia de seguridad digital, Córdoba compartió una Campaña de Ciberseguridad dirigida a prevenir delitos en entornos online, una iniciativa que podría ser replicada por otras defensorías del país. El aumento de fraudes y estafas virtuales ha puesto en alerta a la población, especialmente a los adultos mayores, que son uno de los grupos más vulnerables.

Impacto local: ¿qué significa esto para los cordobeses?

Para la ciudadanía de la capital y del interior, la información presentada en Río Cuarto tiene un eco directo. Los alquileres en zonas como Nueva Córdoba, Alberdi o el centro histórico han subido entre un 15 % y un 30 % en los últimos dos años, según datos del portal inmobiliario Zonaprop. Este aumento supera el crecimiento salarial promedio, lo que obliga a muchas familias a destinar más del 30 % de sus ingresos al alquiler, un nivel que la Organización Internacional del Trabajo considera insostenible.

Los pequeños comercios y los profesionales independientes también sienten el golpe: al no poder costear un local o una vivienda cerca del centro, muchos se ven obligados a trasladarse a barrios periféricos, lo que repercute en la dinamización de la economía local. Además, la falta de vivienda digna dificulta la retención de talento joven, que opta por mudarse a otras provincias o al exterior en busca de mejores condiciones.

Frente a esta realidad, la Defensoría del Pueblo de Córdoba ha anunciado la puesta en marcha de una serie de talleres de mediación y asesoramiento gratuito para inquilinos y propietarios, con el objetivo de prevenir conflictos y fomentar acuerdos que eviten desalojos injustificados.

Raíces del problema habitacional en Córdoba

La escasez de viviendas asequibles tiene antecedentes históricos que se remontan a la década de 1990, cuando la política de privatización de la vivienda social dejó un vacío que nunca se llenó. Desde entonces, la oferta de departamentos de bajo costo se ha mantenido rezagada frente al crecimiento demográfico de la provincia, que supera los 3,5 millones de habitantes.

En los últimos años, la falta de incentivos fiscales para la construcción de viviendas populares ha frenado la inversión del sector privado. Además, la normativa urbanística de la ciudad de Córdoba, con sus restricciones de densidad y altura, ha limitado la posibilidad de edificar edificios de mayor número de unidades, encareciendo aún más el costo de los alquileres.

El aumento de la inflación, que ha superado el 150 % en los últimos 12 meses, también ha jugado un papel crucial. Los costos de materiales de construcción y de servicios públicos se han disparado, trasladándose al precio final del alquiler. Esta combinación de factores estructurales y coyunturales explica por qué la Defensoría recibe tantas consultas relacionadas con la vivienda y por qué el problema se vuelve cada vez más complejo de resolver.

Ante este escenario, la sociedad civil, los sindicatos y las organizaciones de derechos humanos están llamando a la autoridad provincial a activar planes de vivienda social, a crear un registro de alquileres con precios máximos y a establecer subsidios temporales que alivien la carga de los inquilinos más vulnerables.

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