Arranca el juicio histórico por crímenes de lesa humanidad en los tribunales de Córdoba
El proceso judicial que busca verdad y justicia para las víctimas de la represión en el sur cordobés.
Este martes se dio inicio al juicio oral de la Causa Gutiérrez/Di Santo en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 1 de Córdoba, cincuenta años después de que la represión estatal dejara una estela de secuestros, torturas y asesinatos en Río Cuarto y el sur de la provincia. El proceso, que busca esclarecer la responsabilidad penal de militares, policías y civiles, abre una nueva página en la lucha por la verdad y la justicia en la región.
Un proceso judicial de gran envergadura
El tribunal está integrado por las juezas Carolina Prado, Julián Falcucci y la magistrada María Noel Costa. En la primera audiencia se leyeron las acusaciones contra los imputados, detallando los hechos atribuidos y las calificaciones jurídicas correspondientes. Según el fiscal Facundo Trotta, la causa principal incluye 63 hechos y 70 víctimas, a los que se suman otras tres causas con siete víctimas adicionales. Los delitos investigados abarcan privaciones ilegítimas de la libertad, torturas agravadas, homicidios y crímenes de naturaleza sexual cometidos entre 1975 y finales de 1978.
Más de 80 testigos y una agenda que se extiende hasta 2027
El cronograma previsto contempla 11 audiencias hasta diciembre de este año, pero el número de testigos supera los 80, por lo que el debate continuará durante 2027. Trotta señaló que, al momento de formular la acusación, había 34 imputados; al iniciar el juicio quedaron 20, ya que varios fallecieron antes de ser juzgados. En los casos en que el acusado ya no está vivo, el tribunal recurrirá a los llamados “juicios por la verdad” para reconstruir los hechos mediante testimonios y documentos.
La Universidad Nacional de Río Cuarto como blanco de la represión
Una de las particularidades de la causa es la alta cantidad de víctimas vinculadas a la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). Estudiantes, docentes y personal no docente fueron secuestrados dentro de la propia casa de estudios, algunos mientras asistían a clases. Trotta explicó que la investigación evidencia una red de inteligencia que monitoreó la actividad universitaria, extendiéndose también a sectores sindicales y obreros, considerados por la dictadura como focos de subversión.
“Uno de los blancos denominados por Menéndez eran los estudiantes, así como el sector sindical y el sector obrero”, declaró el fiscal.
Entre los nombres que aparecen en el expediente destacan Gabriel Braunstein Maiden, desaparecido en junio de 1976; el docente universitario Ernesto Silber, asesinado bajo tortura en agosto del mismo año; Elsa Gladys Comba, secuestrada en 1978 mientras buscaba a su hijo; y Alberto Pinto, profesor de la UNRC que falleció en la cárcel de La Plata después de pasar por varios centros de detención como La Perla y Campo de la Ribera.
Detención, tortura y la larga sombra de la impunidad
El proceso también cubre lugares de detención emblemáticos de la represión cordobesa, como la cárcel de La Perla, el centro clandestino Campo de la Ribera y diversas unidades penitenciarias que funcionaron como centros de tortura. La muerte en septiembre de 2025 de Miguel Ángel Gómez, alias “el Gato”, señalado como uno de los torturadores del circuito represivo, subraya la dificultad de llevar a todos los responsables ante la justicia después de medio siglo.
Sin embargo, la continuidad del juicio muestra que la sociedad cordobesa y los organismos de derechos humanos siguen impulsando la investigación, alimentados por décadas de denuncias, testimonios y documentación reunida por familiares de las víctimas.
Memorias y lecciones para Córdoba
El juicio no solo constituye una búsqueda penal, sino también un proceso de memoria colectiva. En Córdoba, la herida de la dictadura sigue presente en la vida cotidiana: la falta de justicia ha repercutido en la confianza institucional y en la percepción de la seguridad ciudadana. Cada audiencia representa una oportunidad para que la sociedad recupere fragmentos de una historia que muchos intentaron borrar.
Desde la perspectiva local, el caso tiene implicancias económicas y sociales. Las familias de las víctimas han demandado reparaciones y pensiones, lo que implica un gasto público que, aunque necesario para la reparación, genera debates sobre la asignación de recursos en una provincia que enfrenta desafíos como la inflación y el desempleo. Además, la exposición de la represión en instituciones como la UNRC ha reavivado la discusión sobre la autonomía universitaria y la necesidad de garantías frente a cualquier forma de autoritarismo.
En conclusión, el juicio de la Causa Gutiérrez/Di Santo se erige como un hito judicial que, más allá de los veredictos, busca reconstruir la verdad, honrar la memoria de los desaparecidos y sentar precedentes para que la justicia sea una herramienta efectiva en la defensa de los derechos humanos en Córdoba y en toda la Argentina.
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