Córdoba

Córdoba amplía el Ingreso Brutos Cero: PyMEs con facturación de hasta $4.500 millones ahora pueden acceder

El nuevo régimen simplificado permite que más PyMEs industriales de la provincia accedan a exenciones fiscales y generen empleo.

Córdoba amplía el Ingreso Brutos Cero: PyMEs con facturación de hasta $4.500 millones ahora pueden acceder

En el marco de la conmemoración del Día de la Industria, el gobernador de la provincia, Martín Llaryora, anunció una expansión sin precedentes del régimen de Ingresos Brutos Cero para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) industriales. A partir de ahora, podrán beneficiarse aquellas compañías que facturen hasta $4.500 millones anuales, elevando el límite anterior de $3.200 millones. La medida forma parte del proyecto de Ley de Promoción Industrial Unificada, que será remitido a la Legislatura provincial para su discusión y eventual sanción.

Un nuevo horizonte para la industria cordobesa

“Córdoba crecerá con industria, nunca sin industria, menos contra la industria”, declaró Llaryora, subrayando la convicción de que la producción local es la columna vertebral de la economía provincial. Con la ampliación del tope de facturación, el gobernador busca que más empresas, especialmente las ubicadas en los polos industriales del noroeste y sur de la provincia, incorporen sus operaciones al régimen de promoción y, de ese modo, impulsen la modernización tecnológica y la generación de empleo formal.

El nuevo esquema simplifica drásticamente los trámites: las PyMEs que cumplan con los requisitos podrán obtener la exención de Ingresos Brutos de manera automática y provisional, sin la necesidad de presentar extensas documentación. El objetivo es que la burocracia no sea un obstáculo para la inversión, sino un facilitador.

Dos caminos: Régimen Simplificado y Régimen General

La Ley de Promoción Industrial Unificada concentra en un solo cuerpo normativo los distintos marcos que hoy regulan la industria. Se establecen dos vías de acceso:

  • Régimen Simplificado: dirigido a empresas con ingresos anuales de hasta $4.500 millones. Para calificar, la compañía debe invertir al menos el 1,20 % de su base imponible de Ingresos Brutos del ejercicio anterior en activos fijos. El beneficio principal es la exención anual del impuesto sobre los Ingresos Brutos, además de un proceso de solicitud automatizado que reduce los plazos de respuesta.
  • Régimen General: pensado para proyectos de mayor envergadura. Las inversiones deben alcanzar entre el 10 % y el 20 % de la facturación, según la escala de la empresa, o cumplir con montos fijos establecidos. Los proyectos incluidos en esta vía gozarán de diez años de beneficios fiscales completos y podrán recibir un subsidio salarial de un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) por cada nuevo trabajador durante el primer año.

Los proyectos de gran impacto que se instalen en zonas estratégicas o en parques industriales del noroeste y sur de la provincia podrán acceder a quince años de exenciones y a dos años de subsidio salarial por empleado, lo que convierte a la provincia en un imán para la inversión extranjera y nacional.

Impacto en el bolsillo de los cordobeses

Para la clase media y los trabajadores, la medida se traduce en más puestos de trabajo estables y mejores salarios. Al reducir la carga impositiva de las PyMEs, se espera que estas empresas puedan reinvertir sus ahorros en maquinaria, capacitación y expansión, generando una cadena de valor que repercuta en la comunidad local. Además, el subsidio salarial propuesto alienta a los empresarios a crear empleos formales, lo que a su vez incrementa la recaudación del Estado a través de aportes previsionales y contribuye a la disminución de la informalidad.

Los analistas del sector coinciden en que la medida podría aportar entre 1.500 y 2.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos tres años, especialmente en sectores como la metalúrgica, la agroindustria y la producción de componentes electrónicos, áreas en las que Córdoba ya tiene una fuerte presencia.

Un paso decisivo para la competitividad provincial

La ampliación del Ingreso Brutos Cero se enmarca dentro de una estrategia más amplia de atracción de inversiones que incluye la mejora de la infraestructura vial, la creación de parques tecnológicos y la promoción de la capacitación técnica en instituciones como la Universidad Nacional de Córdoba y el Instituto Tecnológico Córdoba (ITC). La combinación de incentivos fiscales y de infraestructura busca posicionar a la provincia como un hub industrial competitivo a nivel nacional e internacional.

Con la nueva normativa, el gobierno provincial también espera reforzar la relación con los gremios empresariales, que han sido críticos con la carga tributaria y los trámites burocráticos. El mensaje de Llaryora es claro: la provincia está dispuesta a “defender la industria con hechos”, y los cambios legislativos son la prueba tangible de esa voluntad.

Raíces industriales que impulsan el futuro

Desde la fundación de la primera fábrica textil en el siglo XIX, Córdoba ha sido cuna de la industria argentina. El barrio de la Industria, en el centro de la ciudad, albergó las primeras máquinas de producción en masa, y hoy en día la zona sigue siendo un polo de actividad manufacturera. En la década de 1970, la provincia se consolidó como referente en la producción de autopartes, gracias a la instalación de plantas de grandes multinacionales que encontraron en Córdoba mano de obra calificada y costos competitivos.

El impulso a la modernización tecnológica no es nuevo: en los últimos veinte años, la provincia ha invertido en parques industriales como el Parque Industrial de Río Cuarto y el Parque Tecnológico de Villa Carlos Paz, que hoy albergan más de 300 empresas. Estas iniciativas han permitido que la provincia mantenga una tasa de crecimiento del PIB superior a la media nacional, y la ampliación del Ingreso Brutos Cero busca capitalizar ese legado, ofreciendo a las PyMEs un entorno fiscal más amigable.

Hoy, la industria cordobesa se enfrenta a desafíos globales como la digitalización y la transición energética. La nueva legislación, al facilitar la inversión en activos fijos y en innovación, pretende que las empresas locales no solo mantengan su competitividad, sino que también lideren la transformación hacia una producción más sostenible y de alta tecnología.

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