Córdoba se moviliza nuevamente: la lucha por la prórroga de la ley de emergencia en discapacidad

¿Qué ocurre? Este miércoles 13 de octubre, cientos de personas con discapacidad, sus familias, profesionales del sector y diversas instituciones se reunieron en la histórica Plaza San Martín, en el corazón de la ciudad, para reivindicar la prórroga de la ley de emergencia en discapacidad. La convocatoria coincidió con la discusión del dictamen en las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, una jornada que promete definir si la medida seguirá vigente o será dejada en el olvido.

El reclamo que no cesa

Desde el colectivo organizador, encabezado por la Confederación de Personas con Discapacidad de Córdoba (CPDC) y la Asociación de Profesionales de la Salud, se dejó claro que la emergencia declarada en 2022 sigue latente. “La emergencia no terminó. Los problemas que llevaron a su declaración tampoco”, recitaron en un comunicado que circularon entre los manifestantes. Las demandas son claras: garantizar la continuidad de prestaciones, tratamientos y apoyos que hoy dependen de obras sociales que arrastran demoras en los pagos de septiembre y una burocracia que no avanza.

Los asistentes al mitin, armados con pancartas y micrófonos, recordaron que la ley de emergencia introdujo medidas como la extensión de los plazos de pago, la suspensión de recortes en pensiones para personas con discapacidad y la creación de un registro único de beneficiarios. Sin embargo, el sector denuncia que esas garantías siguen en riesgo ante la discusión del Presupuesto 2027, que propone cambios en el régimen de pensiones, restricciones al trabajo formal y la posible derogación de las garantías incorporadas por la normativa de emergencia.

Lo que se debate en la Cámara de Diputados

En la Cámara de Diputados, la comisión de Discapacidad y la de Presupuesto y Hacienda están analizando el dictamen que permitirá o no que la prórroga siga su curso legislativo. Los legisladores deben decidir si la iniciativa recibe el aval necesario para pasar al recinto y, de ser así, qué ajustes se incorporarán. La postura del oficialismo ha sido ambivalente: por un lado, reconoce la necesidad de mantener la protección a los sectores vulnerables; por otro, busca equilibrar el gasto público dentro de un contexto de inflación y déficit fiscal que aprieta los presupuestos nacionales.

Los parlamentarios cordobeses, como la diputada María Eugenia Gutiérrez (Frente de Todos), han manifestado su apoyo al proyecto, señalando que la continuidad de la ley es vital para evitar que cientos de familias caigan en la precariedad. Sin embargo, voces de la oposición, encabezadas por el bloque de Juntos por el Cambio, piden una revisión de los mecanismos de financiamiento para que la medida sea sostenible a largo plazo.

Impacto en la vida cotidiana de los cordobeses

Para la gente que vive la realidad de la discapacidad, la prórroga no es un tema abstracto de la política nacional, sino una cuestión de supervivencia. “Sin la ley de emergencia, mi hijo no tendría acceso a la terapia ocupacional que le brinda la obra social”, contó Ana María López, madre de un niño con parálisis cerebral. Historias como la suya se repiten en barrios como Alberdi, Centro y la zona norte, donde la concentración de obras sociales es mayor y la vulnerabilidad económica más aguda.

El sector también alerta sobre el efecto dominó que tendría una eventual derogación: la caída de la cobertura de tratamientos, la reducción de subsidios para transporte adaptado y la pérdida de empleo para cuidadores profesionales que dependen de contratos vinculados a la normativa de emergencia. En un contexto donde la inflación supera el 120% y los salarios reales se erosionan, la incertidumbre legislativa se traduce en una carga extra para los hogares que ya enfrentan gastos médicos elevados.

Una movilización que trasciende la protesta

La jornada en Plaza San Martín no solo fue una manifestación; fue una muestra del entramado institucional y social que ha surgido alrededor de la discapacidad en Córdoba. Organizaciones como la Fundación CEMAR, el Hospital Universitario de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba (Facultad de Medicina) participaron activamente, ofreciendo información legal y médica a los asistentes. Además, la presencia de medios locales, como Hoy Día Córdoba y La Voz del Interior, amplificó el mensaje, generando una presión mediática que podría influir en la decisión final del Congreso.

En los últimos años, Córdoba se ha convertido en un referente nacional en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, con iniciativas como la Ruta Accesible, que busca adaptar la infraestructura urbana, y la Ley Provincial de Inclusión, aprobada en 2021. La movilización de este miércoles se inserta en esa trayectoria, consolidando una cultura de reclamo y participación que ha demostrado que la ciudadanía cordobesa no se queda de brazos cruzados ante la vulneración de derechos.

Raíces históricas de la lucha por la inclusión en Córdoba

La defensa de los derechos de las personas con discapacidad en la provincia tiene raíces que se remontan a la década de 1990, cuando surgieron los primeros grupos de autodefensa en barrios como Güemes y San Vicente. En 2005, la provincia aprobó su primera normativa de accesibilidad, aunque su implementación fue lenta y limitada. Fue a partir de 2015, con la creación del Consejo Provincial de la Discapacidad, que se empezó a articular una política pública más integral.

El impulso real llegó con la emergencia sanitaria de 2020, cuando la pandemia evidenció las brechas en la atención médica y los obstáculos de movilidad. La presión de organizaciones civiles y la cobertura mediática generaron la declaración de la ley de emergencia en discapacidad en 2022, una medida sin precedentes que buscó estabilizar los recursos y proteger a los más vulnerables. Desde entonces, la prórroga se ha convertido en una pieza clave para evitar retrocesos.

Hoy, la cuestión no solo gira en torno a la continuidad de una norma, sino a la consolidación de una visión inclusiva que permita a Córdoba avanzar hacia una sociedad donde la discapacidad no sea sinónimo de exclusión. La respuesta del Congreso será, sin duda, un termómetro de cuán comprometidos están los poderes públicos con esa visión. Mientras tanto, la gente de la calle, con sus pancartas y sus voces, seguirá marcando el ritmo de la discusión.

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