Córdoba se prepara para la 13ª Marcha por el Derecho a la Salud Mental: “La salud mental está que arde”
Miles de cordobeses se reunirán este viernes 30 de octubre para exigir mayor presupuesto y la plena aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental.
La consigna “La salud mental está que arde” encabezará este viernes 30 de octubre la 13ª Marcha por el Derecho a la Salud Mental en Córdoba. El punto de partida será a las 18:00 horas, en la intersección de Colón y General Paz, y convocará a usuarios del sistema, familiares, profesionales, estudiantes y organizaciones sociales que buscan visibilizar la crisis que atraviesa el sector.
El pulso de la movilización
Desde su primera edición en 2014, la marcha ha crecido en número y en fuerza reivindicativa. Este año, los organizadores estiman la participación de entre 2.000 y 3.000 personas, una cifra que supera la asistencia de ediciones anteriores. El recorrido, aunque breve, atraviesa barrios emblemáticos como Nueva Córdoba y Centro, donde la presencia de hospitales públicos y centros de atención comunitaria subraya la cercanía del reclamo a la vida cotidiana de los cordobeses.
La convocatoria no se limita a la calle; también se proyecta en redes con el hashtag #SaludMentalArde, que ya acumula más de 12.000 menciones. En la plaza del Bicentenario, grupos de apoyo ofrecerán charlas breves y materiales informativos, mientras que colectivos de estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba organizarán mesas redondas sobre la relación entre salud mental y educación superior.
Datos alarmantes que impulsan la protesta
Los organizadores resaltan que el índice de malestar psicológico en la ciudad alcanzó 23,6 puntos en 2025, el nivel más alto registrado desde 1993. Asimismo, la tasa de suicidios subió a 10,31 por cada 100.000 habitantes, una cifra que supera la media nacional y que, según los expertos, está vinculada a la falta de recursos y a la escasa cobertura de servicios preventivos.
En el plano financiero, la provincia destinó apenas el 4,99 % del presupuesto total de Salud a la salud mental para 2026, y durante el primer trimestre se ejecutó solo el 3,90 % de esa partida. La Ley Nacional de Salud Mental (N.º 26.657) establece un piso del 10 % del presupuesto sanitario para el sector, por lo que Córdoba se encuentra muy por debajo del umbral legal. A nivel nacional, la ejecución de los programas de salud mental cayó un 42 % entre 2023 y 2025, y la actividad de Apoyo y Promoción de la Salud Mental se redujo un 98 % respecto a 2023.
Estos números no son meros estadísticos; son la cruda realidad que viven usuarios que, en muchos casos, deben recorrer largas distancias para acceder a una consulta psicológica o psiquiátrica, y que a menudo se encuentran con listas de espera que superan los seis meses.
Exigencias que no pueden quedar en el aire
Los participantes plantean una agenda clara: cumplir con el piso presupuestario del 10 % establecido por la ley nacional, mejorar los salarios y condiciones laborales de los equipos interdisciplinarios y ampliar la red de dispositivos comunitarios, territoriales y de urgencia en hospitales generales. También piden la creación de un Órgano de Revisión Provincial que garantice la participación directa de las personas usuarias en la formulación de políticas, bajo la consigna “Nada sobre nosotros sin nosotros”.
Otro punto crítico es la oposición a la reforma impulsada por el Gobierno nacional, que, según los convocantes, podría modificar el régimen de internaciones involuntarias y debilitar el modelo de atención basado en la comunidad. Los manifestantes temen que esos cambios reduzcan aún más la posibilidad de recibir tratamientos respetuosos de los derechos humanos.
La marcha, abierta a toda la comunidad, cerrará con una concentración en la misma esquina de Colón y General Paz, donde se entregarán peticiones firmadas y se realizará una breve intervención musical de artistas locales que han dedicado su obra a la temática de la salud mental.
Raíces de la lucha por la salud mental en la provincia
La historia de la salud mental en Córdoba está marcada por la transición de los antiguos manicomios a un modelo comunitario que comenzó en los años noventa. La clausura del Hospital San Roque en 1998, uno de los últimos manicomios de la provincia, abrió paso a la creación de centros de atención primaria y a la implementación de la Ley Provincial de Salud Mental de 2005, la cual buscó integrar la atención psicológica en la red de salud pública.
Sin embargo, la falta de financiamiento sostenido ha limitado la expansión de estos dispositivos. Durante la década de 2010, la provincia experimentó un crecimiento de centros de salud mental comunitarios, pero la crisis económica y los recortes presupuestarios de los últimos años provocaron el cierre de varios de ellos, dejando a miles de usuarios sin cobertura adecuada.
La Ley Nacional de Salud Mental 26.657, sancada en 2010, representó un hito al establecer derechos y garantías para las personas con trastornos mentales, incluyendo la participación en la toma de decisiones y la prohibición de internaciones arbitrarias. No obstante, su aplicación ha sido irregular en todo el país, y Córdoba ha sido una de las jurisdicciones que más ha tardado en alcanzar el cumplimiento del piso presupuestario.
En los últimos años, movimientos sociales y organizaciones como Marcha Derecho Salud Mental, la Asociación de Familiares de Personas con Trastorno Mental y la Red de Profesionales de la Salud Mental han impulsado campañas de concientización, jornadas de capacitación y la difusión de datos estadísticos que hoy sirven de base para la exigencia de una política pública robusta.
La 13ª edición de la marcha no solo celebra la resistencia de una comunidad que no se rinde, sino que también recuerda que la salud mental es un derecho fundamental que afecta a toda la sociedad. La esperanza es que, con la presión popular y la visibilidad mediática, Córdoba logre cerrar la brecha entre la normativa y la realidad, garantizando recursos, dignidad y atención de calidad para todos sus habitantes.
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