DASPU en la cuerda floja: cómo la caída salarial amenaza la obra social de la UNC

Lead: Este jueves la obra social de los docentes universitarios de Córdoba (DASPU) elegirá una nueva Comisión Directiva, mientras el deterioro salarial bajo la gestión de Javier Milei deja a la entidad en una situación crítica que afecta a miles de trabajadores de la Universidad Nacional de Córdoba.

Una elección sin voto directo, pero con gran peso

La mecánica de la elección en DASPU difiere de la de otros órganos de la UNC: los afiliados no eligen al presidente directamente, sino que componen una Comisión Directiva de nueve bancas. Dos de esas bancas son designadas por el Consejo Superior, tres por el estamento docente, tres por el personal no docente y una por los jubilados. Esta fórmula busca equilibrar intereses, pero también abre la puerta a disputas internas entre las corrientes universitarias que buscan influir en la gestión de la obra social.

El gremio de docentes, ADIUC, convocó una senada para hoy a la 13:30 con el objetivo de defender la obra social y reclamar una mayor participación de los trabajadores en la toma de decisiones. La presión política se suma a la urgencia de encontrar recursos que permitan mantener la cobertura sanitaria que tantos docentes y empleados consideran esencial.

El impacto del atraso salarial en la financiación de DASPU

Según la secretaria adjunta de ADIUC, Paula Abate, el problema principal de DASPU no es aislado; se trata de una crisis que se extiende a todas las obras sociales universitarias del país. “El porcentaje que se descuenta del salario de cada trabajador para financiar la obra social se ve mermado por el ajuste y el retraso salarial que supera el 30 % frente a la inflación”, explicó Abate.

En la gestión actual, el gobierno nacional no ha aplicado la Ley de Financiamiento Universitario y mantiene un rezago de 35 % en los sueldos. Como la mayor parte del presupuesto de DASPU proviene de los aportes obligatorios de docentes y no‑docentes, la caída de los ingresos se traduce en menos recursos para cubrir prestaciones, renegociar convenios y sostener la infraestructura sanitaria.

El rectorado ha intentado paliar la crisis con partidas extraordinarias, como la destinada a fines del año pasado, pero esas inyecciones puntuales resultan insuficientes. “No existen partidas regulares dentro del presupuesto institucional; lo que se otorga es un parche que no puede sostener a largo plazo”, puntualiza Abate.

Problemas de cobertura y convenios con prestadores externos

La estructura de convenios de DASPU se divide en tres categorías. La categoría 1 agrupa a los centros de mayor prestigio –Sanatorio Allende, Instituto Cardiológico y Hospital Reina Fabiola– cuyos aranceles son elevados y requieren que los afiliados aporten un “fondo solidario” mensual. La categoría 2 incluye una cartilla más amplia de hospitales y clínicas que no exigen ese aporte extra, mientras que la categoría 3 corresponde a los servicios internos que la obra social brinda en sus propias sedes.

Abate destaca que, pese a la crisis, la cobertura general se ha mantenido. “Los afiliados siguen pudiendo acceder a tratamientos crónicos y a atenciones de alta complejidad; lo que sí se ha visto afectado son los turnos en los prestadores externos y la carga económica que recae ahora completamente sobre los usuarios”.

Otro factor que agrava la situación es la caída de afiliaciones en la última década. Se estima que hoy DASPU cuenta con alrededor de 11 000 afiliados, una cifra que ha descendido porque muchos trabajadores no pueden costear la cuota familiar o han optado por otras obras sociales tras la pérdida de sus empleos o jubilaciones insuficientes.

Raíces históricas de DASPU y su papel en la salud universitaria

Fundada en la década de 1970, DASPU nació como una iniciativa de la comunidad docente para ofrecer una cobertura médica integral a los empleados de la UNC, convirtiéndose rápidamente en un referente a nivel nacional. Durante los años 80 y 90, la obra social amplió su red de prestadores y desarrolló programas de prevención que beneficiaron a generaciones de académicos y empleados.

En la última década, la expansión de cargos menores y la proliferación de contratos temporales han generado una mayor presión financiera, ya que cada nuevo afiliado aporta una fracción menor del salario, pero el costo de los servicios se mantiene constante o aumenta. Este desequilibrio estructural se ha visto potenciado por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que debería garantizar recursos estatales para sostener la obra social.

Hoy, la elección de la nueva Comisión Directiva representa una oportunidad para reorientar la gestión, impulsar la digitalización de expedientes, renegociar convenios más favorables y, sobre todo, buscar mecanismos de financiación que no dependan exclusivamente de los aportes salariales. La comunidad universitaria cordobesa observa con expectativa cómo se resolverá esta encrucijada que pone en juego la salud de miles de trabajadores.

Explora más noticias en nuestra sección: Córdoba