DEA advierte: la corrupción mexicana alimenta a los cárteles y pone en riesgo a EE. UU.
La DEA intensifica su lucha contra la corrupción que alimenta a los cárteles mexicanos.

DEA advierte: la corrupción mexicana alimenta a los cárteles y pone en riesgo a EE. UU.
El director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, anunció este martes que la agencia seguirá exponiendo los nexos entre el crimen organizado y los políticos mexicanos, advirtiendo que la corrupción en México está alimentando las redes de los cárteles y comprometiendo la seguridad de los ciudadanos estadounidenses.
El mensaje de Terry Cole en la red social X
Desde su cuenta oficial en X, Cole escribió que la DEA “no se está echando para atrás” y reiteró su compromiso de rastrear los lazos entre organizaciones terroristas extranjeras mortales y actores políticos corruptos. La publicación, que se viralizó rápidamente, subrayó que la corrupción y el narcotráfico “van de la mano, sin importar la posición política”, y que la agencia seguirá “sin descanso” siguiendo las huellas de los políticos que se benefician, protegen y alimentan a las organizaciones criminales.
Sentencia a “Tony Montana” y su eco en la lucha contra el narco
El mismo día en que Cole emitió su declaración, la jueza Beryl A. Howell del Tribunal de Distrito de Columbia condenó a Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, a 22 años y medio de prisión por tráfico internacional de drogas y delitos con armas de fuego. Oseguera, de 68 años, se había declarado culpable cuatro meses antes. La defensa había solicitado 20 años argumentando la edad avanzada del acusado, mientras que la fiscalía pedía 30 años. La sentencia refuerza la presión de EE. UU. sobre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), del que Oseguera es hermano del líder Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.
Acusaciones contra políticos y sanciones internacionales
Las investigaciones contra funcionarios mexicanos se remontan a abril, cuando el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó al entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a nueve funcionarios de delitos vinculados al Cártel de Sinaloa. La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York señaló que estos funcionarios, activos y anteriores, se habían asociado con la facción de Los Chapitos para distribuir grandes cantidades de droga a EE. UU., entregando información confidencial de las fuerzas del orden y del Ejército Mexicano a cambio de miles de dólares.
En septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a 21 personas y 25 empresas por presuntos vínculos con la facción liderada por Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”. Entre los sancionados figuraron personas cercanas a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, como su exesposo Carlos Alberto Torres Torres y su hermano Luis Alfonso Torres, acusados de recibir sobornos del cártel y blanquear el dinero a través de empresas y campañas políticas. El exesposo habría estado vinculado a Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, líder de la facción de Los Rusos que opera en Mexicali. Asimismo, Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, fue sancionado por recibir sobornos de “El Ruso” a cambio de facilitar el control del cártel sobre la policía municipal.
Otro funcionario sancionado fue Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario de aduanas en Chihuahua y asesor legislativo del gobierno de Baja California, identificado como cercano a Carlos Torres y amigo de José Ángel Rivera Zazueta, alias “Don Flaco”, detenido semanas antes en la alcaldía Cuauhtémoc. Según las autoridades, Buenrostro habría ofrecido favores políticos e influencia para impulsar actividades delictivas a cambio de sobornos.
El contexto argentino y la repercusión regional
Para la Argentina, la escalada de la corrupción vinculada al narcotráfico en México tiene implicancias directas en la seguridad fronteriza y en los flujos de drogas que llegan a la región del Cono Sur. Los cárteles mexicanos son proveedores de cocaína que, a través de rutas que atraviesan Paraguay y Bolivia, llegan a los puertos de Buenos Aires y a los mercados internos. Un aumento de la violencia y la impunidad en México puede traducirse en una mayor presión sobre los corredores logísticos que utilizan la zona del Río de la Plata, complicando la labor de los organismos de control aduanero y de las fuerzas de seguridad argentinas.
Además, las sanciones económicas impuestas por EE. UU. a funcionarios y empresas mexicanas generan un efecto dominó en los mercados de inversión latinoamericanos. Los inversionistas argentinos que operan en sectores vinculados al comercio exterior deben estar atentos a posibles restricciones financieras y a la vigilancia de los bancos internacionales, que podrían endurecer los controles de lavado de dinero para evitar vínculos con actividades ilícitas.
Raíces del conflicto y repercusiones para la región
El fenómeno de la corrupción política al servicio del narcotráfico no es nuevo en México; sin embargo, la intensificación de la ofensiva estadounidense, iniciada durante la administración de Donald Trump, ha llevado a una serie de aranceles, sanciones y acusaciones que buscan presionar al gobierno mexicano para que actúe con mayor dureza contra los cárteles. La estrategia ha incluido la utilización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros para congelar bienes y la colaboración estrecha entre la DEA y la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional (HSTF) para perseguir a funcionarios corruptos.
En el plano interno, la exposición de los nexos entre políticos y narco ha generado un clima de incertidumbre en la ciudadanía mexicana, que demanda mayor transparencia y rendición de cuentas. Los casos de funcionarios de Sinaloa, Baja California y Chihuahua evidencian una red de complicidad que trasciende niveles de gobierno y que, según la DEA, se alimenta de sobornos y del intercambio de información estratégica.
Para los países vecinos, como la Argentina, la estabilidad de México es un factor clave para la seguridad regional. Un México debilitado por la corrupción y la violencia narco puede convertirse en una puerta de entrada de drogas y de capitales ilícitos hacia el Cono Sur, incrementando la carga sobre los sistemas judiciales y policiales locales. La vigilancia continua de la DEA y la presión internacional, aunque polémicas, buscan frenar esa expansión y proteger tanto a los ciudadanos estadounidenses como a los de la región.
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