Docentes universitarios se marchan en Córdoba y en todo el país: la gran movilización de octubre y noviembre

El 28 de octubre, los docentes de la Universidad Nacional de Córdoba y sus colegas en las demás instituciones de la red académica se reunieron frente a la sede del Congreso Nacional, dispuestos a bloquear el laburo y hacer escuchar su clamor. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), tras un Congreso Extraordinario, aprobó por unanimidad la convocatoria a un paro nacional universitario que se extendió por una semana en noviembre, con la meta de que el Congreso incorpore la Ley de Financiamiento Universitario al presupuesto 2027.

Un paro que se alinea con el debate parlamentario

El día 28, la marcha de los docentes coincidió con la apertura de la mesa de trabajo del presupuesto 2027 en las comisiones del Congreso. La ADIUC, sindicato cordobés de docentes universitarios, había llevado al Congreso el mandato surgido de una asamblea de afiliados que exigía la incorporación de la Ley de Financiamiento Universitario y la imposición de una semana de paro. La propuesta fue adoptada a nivel nacional, lo que dio un empuje decisivo a la movilización.

La acción se realizó en conjunto con otras federaciones docentes y nodocentes universitarias, generando un frente unificado que logró frenar el avance de la agenda gubernamental en cuanto a la financiación de la universidad. La protesta se mantuvo pacífica, pero firme, con carteles que pedían “Financiamiento para la investigación” y “No al déficit universitario”.

Semana Nacional de Protesta: el 16 al 21 de noviembre

El Congreso aprobó la Semana Nacional de Protesta por la Universidad y la Soberanía, que se desarrolló del 16 al 21 de noviembre. Durante ese lapso, los docentes universitarios se retiraron de sus aulas, de sus laboratorios y de sus oficinas, dejando la universidad en silencio. La medida fue acompañada de la convocatoria a una Acción Federal en Defensa de la Soberanía el 20 de noviembre, con la participación de estudiantes y organizaciones civiles.

En Córdoba, la universidad se convirtió en un escenario de movilizaciones diarias, donde los docentes mostraron su solidaridad con la causa nacional y defendieron la autonomía académica frente a la presión del Estado. La movilización también sirvió para denunciar la “escalada represiva” del gobierno, que, según los gremios, intentó frenar la protesta masiva y pacífica.

Articulación con otros gremios y la lucha por la soberanía

Con la intención de fortalecer la unión entre las federaciones universitarias, el Congreso propuso un congreso conjunto entre los distintos gremios del sector. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) también convocó a paritarias a las federaciones, lo que dio pie a un diálogo más amplio sobre las demandas de la academia.

El objetivo de esta articulación es garantizar que la universidad cuente con los recursos necesarios para cumplir su misión de investigación y formación. La falta de financiamiento ha sido una constante que afecta el laburo de los docentes, la calidad de la investigación y la infraestructura de los campus.

Raíces de la protesta académica

La lucha por la Ley de Financiamiento Universitario no es una cuestión aislada; sus raíces se remontan a la década de 1990, cuando las universidades públicas comenzaron a enfrentar recortes presupuestarios que afectaron la cobertura de becas y la investigación. En 2002, la primera convención de docentes universitarios exigió la creación de un fondo de investigación, pero el gobierno no cumplió con las promesas.

En la década de 2010, la situación se agravó con la crisis económica que redujo el gasto público y obligó a las universidades a recortar programas y a aumentar las cargas académicas de los docentes. La falta de recursos se tradujo en jornadas laborales más largas, con menos tiempo para la investigación y el desarrollo de proyectos de impacto social.

En la actualidad, el paro universitario de octubre y noviembre representa una respuesta contundente a la falta de financiamiento. Los docentes, estudiantes y la comunidad académica de Córdoba y de todo el país están mostrando que la universidad es un motor de desarrollo y que su sostenibilidad depende de un presupuesto adecuado. La movilización también subraya la necesidad de que el gobierno reconozca la universidad como un bien público indispensable y garantice su autonomía.

Explora más noticias en nuestra sección: Córdoba