EE.UU. sanciona al fiscal boliviano Roger Mariaca: ¿Qué riesgos asume el gobierno de Rodrigo Paz?

La Embajada de Estados Unidos en La Paz emitió el 15 de septiembre un comunicado en el que denunció la “narco‑política” y anunció sanciones contra el fiscal general boliviano Roger Mariaca, su familia y decenas de funcionarios de la región. La medida, firmada por el Departamento de Estado bajo la dirección del senador Marco Rubio, busca cortar los lazos de corrupción que, según Washington, facilitan el narcotráfico en el hemisferio occidental. El anuncio llegó en medio de la reactivación diplomática entre Bolivia y EE.UU., iniciada por la nueva encargada de negocios, Amanda Porter, después de 17 años de distanciamiento.

Reacción de Washington y la lista de sancionados

El comunicado de la Casa Blanca dedicó dos párrafos a Mariaca, señalando que su “participación en actos de corrupción significativa” lo vuelve inelegible para ingresar a EE.UU. y que sus familiares directos comparten la misma restricción. Además, se enumeraron 15 nombres de altos funcionarios bolivianos –jueces, fiscales, ex ministros y empresarios– que también fueron vetados. Entre ellos, la jueza Albania Chane Caballero, el coronel Frans William Cabrera y el ex ministro de Justicia Iván Manolo Lima.

Según fuentes del Departamento de Estado, las sanciones buscan “desenmascarar a quienes usan su cargo para proteger el narcotráfico y el narco‑terrorismo”. La medida se inscribe dentro de una campaña más amplia de EE.UU. contra el tráfico de cocaína que, según la Oficina de Control de Drogas, sigue alimentando rutas que atraviesan la frontera entre Bolivia, Perú y el norte de Argentina, particularmente la provincia de Jujuy y el noroeste cordobés.

El gobierno de Rodrigo Paz y la presión interna

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, reaccionó con cautela. En un comunicado conjunto de los ministros de Defensa, Ernesto Justiniano, y de Gobierno, Marco Oviedo, afirmó que los funcionarios sancionados deberán comparecer ante la justicia boliviana, pese a que el propio Mariaca es una pieza clave del sistema judicial. Paz señaló que “no toleraremos la injerencia externa, pero tampoco la impunidad interna”.

Esta postura genera tensiones dentro del poder judicial, donde la lealtad al Movimiento al Socialismo (MAS) aún pesa sobre muchos magistrados. El fiscal general, nombrado en octubre de 2024 por una asamblea mayoritaria del MAS, tiene mandato hasta 2030 y, según denuncias, habría protegido al narco uruguayo Sebastián Marset cuando éste se refugió en el barrio Las Palmas de Santa Cruz de la Sierra. Marset fue detenido en marzo pasado con ayuda de la DEA y trasladado a EE.UU., pero el vínculo con Mariaca sigue bajo lupa.

¿Qué implica para Córdoba y el Cono Sur?

Para los lectores cordobeses, la noticia tiene una dimensión más cercana de lo que parece. La ruta del cóctel de cocaína que parte de los valles de Santa Cruz y atraviesa el Chaco boliviano llega a la frontera con la provincia de Formosa y, de ahí, se infiltra en la ruta del Gran Chaco que pasa por la zona norte de Córdoba. Según informes de la Policía Federal Argentina, el 2023 se registró un aumento del 27 % en incautaciones de cocaína proveniente de Bolivia en los puertos de Rosario y en la zona de la Ruta Nacional 34, que conecta con la frontera.

El sector agropecuario cordobés también siente el temblor: los productores de soja y maíz que dependen de la exportación a través de puertos bolivianos temen que nuevas restricciones comerciales o bloqueos aduaneros, motivados por la presión internacional, encarezcan los costos de transporte. Además, la posible caída de la inversión estadounidense en proyectos mineros y energéticos en la región podría repercutir en la economía local, que busca diversificar su matriz productiva.

En la práctica, la sanción a Mariaca abre la puerta a una mayor cooperación entre la Fiscalía Federal Argentina y su homóloga boliviana, siempre y cuando se logre depurar la lista de funcionarios corruptos. Para los empresarios cordobeses que operan en la frontera, la noticia se traduce en un llamado a reforzar los controles internos y a buscar canales legales para el comercio, evitando la exposición a riesgos de lavado de dinero.

Raíces del conflicto y la lucha contra el narcotráfico en la región

El vínculo entre la política boliviana y el narcotráfico no es nuevo. Desde la década de 1980, la coca ha sido un cultivo tradicional en los valles de los Yungas, pero la presión internacional y los programas de erradicación forzosa impulsaron la expansión de la producción hacia el oriente del país, donde la infraestructura era más débil. Durante los gobiernos de Evo Morales, la retórica antiimperialista se acompañó de una mayor tolerancia hacia los cocaleros, lo que, según analistas, abrió brechas para el narcotráfico transnacional.

La caída de Morales en 2019 y la llegada de Luis Arce intentaron equilibrar la agenda social con la cooperación internacional contra la droga, pero la falta de independencia del poder judicial mantuvo viva la sospecha de que altos funcionarios, como Mariaca, seguían beneficiando a los narcos a cambio de sobornos. La intervención de la DEA en la captura de Sebastián Marset marcó el primer gran operativo conjunto entre EE.UU. y Bolivia desde la ruptura diplomática de 2006.

En la última década, la región ha visto cómo la lucha contra el narcotráfico se ha convertido en una cuestión de seguridad nacional y de estabilidad económica. Países como Argentina, Paraguay y Brasil han intensificado la vigilancia fronteriza, pero la complejidad de la geografía del Gran Chaco y la corrupción institucional siguen siendo los grandes obstáculos. La reciente sanción estadounidense, al apuntar a funcionarios clave, podría ser el detonante para una reforma judicial en Bolivia, pero también plantea el riesgo de una reacción nacionalista que dificulte la cooperación bilateral.

Explora más noticias en nuestra sección: Mundo